Luego del desarrollo de dos juicios, este miércoles se dictó el veredicto condenatorio contra la funcionaria de Aduanas acusada de apremios ilegítimos ocurridos en el año 2019, en la Avanzada Aduanera del río Loa.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique condenó a la mujer de iniciales J.M.S.R. a la pena de 5 años de presidio con el beneficio de la libertad vigilada intensiva por igual lapso, en calidad de autora del delito consumado y reiterado de apremios ilegítimos.
Pese a lo anterior y por cumplir los requisitos legales, el tribunal sustituyó la pena privativa de libertad impuesta a la sentenciada, debiendo presentarse en el Centro de Reinserción Social de la comuna de Iquique dentro del plazo de 10 días desde que quede ejecutoriado el presente fallo. Asimismo se le impuso la condición de prohibición de acercarse a las víctimas o de comunicarse con ellas.
En el juicio se dio por acreditado que a las 11 horas del 20 de junio de 2019, la acusada se encontraba realizando fiscalización de drogas en la Avanzada Aduanera del río Loa, contexto en que sometió a revisión a tres ciudadanas bolivianas, a las cuales obligó a desnudarse y sometió a vejámenes denigratorios con el propósito que evacuaran los ovoides de droga que portaban.
Asimismo, se acreditó que estos hechos se repitieron el 23 de agosto de 2019, al controlar a dos ciudadanas bolivianas sospechosas de trasladar de drogas, a las que llevó a la sala de revisión, lugar donde las denigró y golpeó en forma reiterada en abdomen y bajo vientre con el fin de que las víctimas confesaran que portaban ovoides ingeridos.
Además, a la mujer se le aplicaron las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.
Cabe recordar que el año pasado la funcionaria ya había sido condenada a 12 años de presidio, sin embargo, el Tribunal acogió un recurso de la defensa y se realizó un nuevo juicio, en el cual se decretó la absolución de los cargos formulados en su contra por la querellante Instituto Nacional de Derechos Humanos, que calificaba los hechos como constitutivos de dos delitos de tortura.
