Durante el lunes, efectivos de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron las oficinas de la Compañía de Jesús ubicadas en el centro de Santiago.
Dicho procedimiento tenía como objetivo incautar la investigación canónica previa a cargo de María Elena Santibáñez, abogada designada por la Compañía para indagar las denuncias contra el sacerdote Felipe Berrios.
Además, se efectuó luego de que la Fiscalía Sur solicitara en reiteradas oportunidades la información para avanzar en la causa penal a la que se le dio curso una vez que el acusado se autodenunció ante la justicia civil.
A su vez, el allanamiento se concretó después de que se conociera que la entidad resolvió suspender al jesuita, luego de que la investigación determinara la “verosimilitud de los actos de significación sexual de distinta relevancia que habrían afectado a siete mujeres jóvenes y adolescentes”.
No obstante, se determinó que “no habría sido verosímil” una denuncia que habría afectado a una menor de 7 u 8 años, de acuerdo a los antecedentes recabados por la indagatoria.
Tras la entrega de dichos resultados de la investigación, el pasado 26 de agosto Berríos negó los actos que se le atribuyeron, afirmando que no ha cometido los actos de significación sexual que se describen.
