El Senado ha aprobado este miércoles de forma definitiva la ley de Memoria Democrática, que refuerza el compromiso del Estado en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo, y abre la puerta a estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983.
La nueva ley de Memoria ha salido adelante en una votación que ha durado más de una hora y a la que han asistido asociaciones memorialistas, que han aplaudido en pie el resultado de la votación, con 128 votos a favor. Por el contrario, 113 senadores han votado en contra, y ha habido 18 que se han abstenido.
La aprobación este miércoles en el Senado es definitiva, ya que el texto no ha incorporado ninguna modificación respecto al aprobado el pasado 14 de julio en el pleno del Congreso de los Diputados, por lo que no tendrá que volver a la Cámara Baja. En cualquier caso, entrará en vigor en los próximos días cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Los socios de investidura apoyan la ley, aunque consideran que “se queda corta”
El PSOE no ha aceptado ninguna de las más de 500 enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios en el Senado, muchas de ellas procedentes de socios de investidura como ERC, EH Bildu y Compromís, que coinciden al calificar esta ley de insuficiente aunque el resultado de su voto ha sido distinto.
“Es una ley que se queda corta en el justo, necesario e indispensable proceso de garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la dictadura franquista”, ha dicho en el debate en el pleno el senador de ERC Josep Maria Reniu, cuyo partido se ha abstenido.
EH Bildu ha votado a favor, ya que considera que la ley es “un paso en la dirección correcta”, según ha explicado su senador Gorka Elejabarrieta, aunque no está de acuerdo con “algunos de sus contenidos”. “Aquella mal llamada Transición ni fue modélica, ni acabó con la herencia franquista, ni terminó con la vulneración de derechos humanos y políticos, de aquellos barros estos lodos”, ha declarado.
PP, Vox, Ciudadanos y UPN rechazan la ley: “Rompe el consenso de la Transición”
Desde el PP, Vox, Ciudadanos y UPN han coincidido nuevamente en sus críticas, al denunciar la ley de Memoria Democrática “rompe el consenso de la Transición” e impone una visión “sectaria” de la historia. “¿No les avergüenza, señores socialistas, poner en duda al expresidente socialista Felipe González por expresa petición de Bildu?”, ha preguntado en el debate la senadora del PP Salomé Pradas.
Los senadores de estos partidos también han afeado el pacto del Gobierno con EH Bildu para sacar adelante la ley, así como la “desigualdad” que aseguran que esta nueva norma fomenta entre las víctimas del franquismo y las víctimas de ETA.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha considerado que se trata de una “ley humanitaria que está con las víctimas y que hubiera merecido un consenso amplio”. “No es de izquierdas ni derechas, es pura humanidad”, ha declarado a los periodistas. Ante la posibilidad de una futura derogación por parte del PP, ha asegurado que “sería ataque injustificado a las víctimas”.
El Gobierno pactó varias enmiendas con otros grupos parlamentarios
Esta norma, que supone una profundización en la ley de Memoria Histórica de 2007, fue aprobada en Consejo de Ministros hace casi un año y tomada en consideración por el Congreso en octubre de 2021, pero dos meses después se metió en ‘la nevera’ al no ver el Gobierno suficientes apoyos para sacarla adelante, ya que a la oposición del PP, Vox y Ciudadanos se sumó el rechazo inicial de ERC.
Fue el pasado mes de junio cuando el proyecto se sacó del cajón para reactivar la tramitación, una vez que PSOE y Unidas Podemos habían acercado posturas con otras formaciones minoritarias. Así, la ley de Memoria Democrática superó la fase de ponencia tras introducirse varias enmiendas pactadas con Bildu, PNV, el PDeCAT, Más País y Coalición Canaria.
El grueso de los acuerdos se alcanzó con Bildu, empezando por ampliar hasta 1983, cinco años después de aprobada la Constitución, el reconocimiento de víctimas de violaciones de Derechos Humanos y la posible reparación económica que ello conllevase.
En concreto, la ley mandata al Gobierno a crear, en un año desde la entrada en vigor, una comisión técnica que haga un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos a personas “por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983”. Ese estudio deberá recoger “posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo”.
En otro de los acuerdos previos se introdujo una enmienda para declarar la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales y administrativos creados a partir del golpe de Estado de 1936, para la persecución por motivos políticos o de conciencia. Con Más País, y el PDeCAT, el Ejecutivo cerró otro pacto que declara “ilegal” el régimen franquista y reconoce expresamente que “las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos” alumbraron la democracia.
Con el PDeCAT se acordó articular mecanismos y recursos para evaluar la “represión y persecución” cultural y lingüística del franquismo, declarando “víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega”. Y con el PNV se selló otro pacto para fijar en un año el plazo para la restitución de documentos u efectos a personas naturales o jurídicas de carácter privado que estén en el Archivo General de la Guerra Civil.
Más de 100.000 desaparecidos
Con la adopción de esta ley, la búsqueda de las víctimas desaparecidas de la Guerra Civil y la dictadura se convertirá por primera vez en una “responsabilidad del Estado”, que financiará directamente las excavaciones y exhumaciones.
Se creará un banco de ADN de las víctimas para facilitar su identificación, y se elaborará un mapa de todas las fosas comunes del país.
“El Estado tiene que exhumar los cuerpos de las víctimas de la dictadura franquista (…) Hay todavía 114.000 desaparecidos forzosos en España”, es decir, personas cuyo destino fue deliberadamente ocultado, dijo Pedro Sánchez en julio a los diputados.
