El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal contra el jefe de División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional de Tarapacá, Andrés Calderón Guerrero, por el delito de malversación de caudales públicos, debido a su responsabilidad en el uso indebido de 2 maquinarias de la Municipalidad de Pozo Almonte, para una empresa de propiedad del alcalde de la comuna.
Según el escrito presentado por el Consejo, a raíz de una denuncia anónima en la Contraloría Regional de Tarapacá, el actual funcionario de exclusiva confianza del gobernador José Miguel Carvajal, había participado en el ilícito durante el mes de marzo en el año 2019, cuando ejercía el cargo de jefe de aseo y ornato de la Municipalidad de Pozo Almonte.
Tras un sumario administrativo en el mes de noviembre, fue sancionado debido a su responsabilidad de los hechos, aplicándole la medida disciplinaria de la suspensión del empleo por 3 meses y con goce del 50% de sus remuneraciones. A esto, se le sumó remitir los antecedentes a la Fiscalía.
En esa época de los hechos y luego de la instrucción del fiscal de la investigación a la BRIDEC de la Policía de Investigaciones, en el respectivo Informe Policial, se pudo determinar que Calderón se desempeñaba como Director Suplente del de Aseo y Ornato de la I. Municipalidad de Pozo Almonte, funcionario de planta, “lo que implica que detentaba la calidad de funcionario municipal, desempeñando una función pública, y en tal calidad, le correspondía el resguardo u custodia, bienes que le son confiados y se supone tenga un poder sobre ellos, circunstancia que ha quedado demostrada al disponer de los mismos para funciones ajenas a las propias”.
Asimismo, el CDE se querelló contra Cristian Godoy Aguirre, hermano del alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy, y jefe de Operaciones de la Empresa, por su participación al solicitar que le aportara estabilizado que se estaba extrayendo desde la cantera Torta del Carmen Bajo, y debido a que en ese momento los operadores municipales Ulises Mura Gonzalez y Luis Silva Fa, estaban trabajando en dicho lugar con un cargador frontal y un bulldozer municipal.
Al respecto, el abogado querellante de la causa, Enzo Morales, indicó el gobernador regional teniendo conocimiento de qué Calderón Guerrero, fue sancionado por la Contraloría y que tenía calidad de imputado por el ministerio público, decidió contratarlo igual.
En esa línea, el abogado explicó que estos hechos, se encuentra involucrado la empresa Mantención a la Minería y Comercializadora EMYC Ltda, de la propiedad del alcalde de la comuna.
Cabe recordar que la causa fue declarada admisible, el pasado 17 de octubre por el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte.
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