La reforma tributaria propuesta por el Gobierno colombiano transitaba este miércoles en su fase final en el Congreso con debates en las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes donde los legisladores llevan horas discutiendo los puntos más espinosos de la iniciativa.
Con esta reforma, el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca recaudar el año próximo 20 billones de pesos (unos 4.000 millones de dólares), cifra inferior a los 25 billones de pesos (unos 5.000 millones de dólares) previstos inicialmente debido a los cambios hechos al proyecto.
Durante los acalorados debates los congresistas han tomado decisiones trascendentales con respecto al proyecto propuesto por el Gobierno, como la eliminación de un artículo que buscaba cobrar impuestos a las iglesias o retirar el que pretendía incluir el pan entre los alimentos ultraprocesados sujetos a tributación.
“Estamos trabajando sin descanso para sacar adelante la reforma tributaria que necesita Colombia. Nuestro compromiso con el país y el manejo responsable de la economía es total y así lo seguiremos haciendo en este Gobierno”, expresó en Twitter el ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo.
Dos grandes objetivos
El pasado 8 de agosto Ocampo presentó al Congreso de Colombia el proyecto de ley de reforma tributaria con carácter prioritario y en esa ocasión dijo que la iniciativa “tiene dos grandes objetivos: el primero es contribuir a la igualdad y la justicia social, y el segundo es consolidar el ajuste fiscal”.
El proyecto se basa en una mayor recaudación de impuestos a personas naturales, la reducción de beneficios fiscales a empresas, la tributación a las bebidas azucaradas, a la exportación de petróleo, carbón y oro cuando superen cierto techo, y en una lucha frontal contra la elusión y la evasión.
En las últimas semanas y durante el debate de este miércoles, algunas de las propuestas iniciales han cambiado. Dos de ellas, por ejemplo, son que ya no se gravarán las pensiones altas y que la sobretasa al petróleo y el carbón se aplicará con base en los precios internacionales de los hidrocarburos.
El impuesto a las pensiones más altas, considerado por algunos sectores como inconstitucional al considerarlo un derecho adquirido y no una fuente de renta, era uno de los puntos más polémicos de la reforma y este miércoles fue eliminado por ambas cámaras.
