El Octavo Juzgado Civil de Santiago declaró disuelta y canceló la personalidad jurídica de la Fundación Cema Chile. La acción judicial que dio pie a esta decisión fue interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que constató que la organización “no se ha ceñido a los fines para los que está destinada”.
Tras casi 70 años de funcionamiento, la Fundación Cema Chile, institución privada y sin fines de lucro, que es recordada principalmente por haber sido presidida, tras el golpe de Estado, por Lucía Hiriart, esposa de Augusto Pinochet, llegó a su fin.
Pese a su rol benefactor, desde el 2005 comenzaron a conocerse irregularidades en el manejo de los dineros de Cema Chile, envueltos en el Caso Riggs, por lo que se acordó en 2018 la entrega de 88 inmuebles fiscales que mantenía la fundación.
Entre las causas que sustentaron la disolución de Cema Chile, se menciona que la institución “se apartó de fines de asistencia social para los que fue creada e incumplió de forma grave sus propios estatutos”.
Además, el juzgado concluyó que entre 2010 y 2015 la fundación “destinó en promedio sólo un 11% del total de sus activos en gasto social orientado al cumplimiento de sus fines, considerando que en 2015 contaban con $5.626 millones que no eran invertidos en proyectos sociales, destacando que “la mayor parte de los ingresos de la Fundación provenían de la enajenación de inmuebles”.
La instancia judicial determinó que tras la revisión de las actas del Consejo de la Fundación, desde 2010 a la fecha, las sesiones de dicho órgano trataron más sobre “la compraventa de inmuebles”, que de “planes y programas y/o la ayuda social”.
Lo anterior, sumado a la falta de personal, la nula presencia de beneficiarias, la ausencia de vínculos entre las sedes regionales y la multiplicidad de RUT para la compraventa de inmuebles, son parte de las razones que le dieron fin a la Fundación Cema Chile.
Asimismo, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Peribonio aseguró que la disolución de Cema Chile permitirá recuperar un “cuantioso patrimonio para el Fisco” lo que considera la “inscripción a nombre del Estado de 88 inmuebles de origen fiscal”. También, destacó que la disolución del organismo va a permitir recuperar cerca de $9 mil millones para el Estado, considerando solo el avalúo fiscal de los bienes.
