Nueva protesta antigobierno en Israel en medio de conmoción

Unas 40.000 personas manifestaron este sábado (28.01.2023) en las calles de Tel Aviv contra una polémica reforma judicial que impulsa el gobierno de Benjamín Netanyahu, el más ultraderechista y religioso de la historia de Israel, en medio de la conmoción por tres ataques armados que dejaron siete civiles muertos.

Se trata de la cuarta gran protesta en contra del gobierno de Netanyahu en Tel Aviv, un movimiento que también ha contagiado a otras ciudades como Haifa y Beersheva.

Sin embargo, en esta ocasión el silencio en señal de luto sustituyó al bullicio y la música de las marchas pasadas.

“Compartimos el dolor y luto de las familias y deseamos la recuperación de los heridos”, indicó el Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel, que organiza las protestas.

Jerusalén se encuentra en estado de máxima alerta este sábado tras ser el epicentro de dos atentados con arma de fuego en menos de 24 horas, que hasta el momento han dejado siete israelíes muertos y cinco heridos, en medio de una escalada de violencia en la zona.

Un tercer ataque ocurrió hace pocas horas en un restaurante cerca de Jericó, en Cisjordania ocupada, sin causar víctimas.

Pese al luto que reina en el país, los israelíes salieron a las calles a protestar contra lo que perciben como un jaque al equilibrio de poderes en el país, a raíz de un proyecto de reforma judicial impulsada por el Gobierno.

“El fin de la democracia”, rezaba una de las pancartas de los manifestantes, mientras cientos de banderas israelíes ondeaban alrededor.

En contra de reforma judicial

Paralelamente, 13.000 personas protestaron en las calles de la ciudad de Haifa, y otros cientos en Herzliya.

El sábado pasado, más de 120.000 personas salieron a las calles de Tel Aviv, un número que superó los 80.000 del sábado previo. Se trata de las manifestaciones más multitudinarias registradas en Israel en las últimas décadas.

Además, más de 10.000 israelíes protestaron en otras ciudades del país.

La reforma judicial a la que se oponen los asistentes de las marchas, incluye, entre otras cosas, la polémica “cláusula de anulación”, que permite que una mayoría parlamentaria simple anule una decisión del Tribunal Supremo que implique derogar una ley o decisión gubernamental; además de eliminar el supuesto de “razonabilidad” que permitía a esa corte desestimar a iniciativa propia decisiones o normas que violen la Ley Básica.

A las manifestaciones se unieron miembros de la comunidad LGTBI, que se ve amenazada bajo este nuevo gobierno. Además de la retórica homófoba de algunos ministros de la extrema derecha -han llegado a amenazar con prohibir el Desfile del Orgullo-, han propuesto una cláusula legal que permita a profesionales, incluido médicos, a negar prestar servicio a personas que atenten sus creencias religiosas, lo que afectaría a este colectivo.