Durante la tarde del martes, por instrucción del presidente Gabriel Boric, el Gobierno anunció la decisión de ofrecer nacionalidad y residencia a los nicaragüenses expatriados por la administración de Daniel Ortega.
A través de un comunicado, Cancillería informó que “ante la reciente decisión del Estado de Nicaragua de privar de su nacionalidad y derechos políticos a más de trescientas personas nicaragüenses, identificadas como opositoras políticas, el Gobierno de Chile arbitrará los medios legales necesarios para ofrecerles la debida protección internacional”.
En esa línea, explicaron que dicha medida les permitirá “residir en el país y obtener la nacionalidad chilena según las normas constitucionales y legales que la regulan”. También agregaron que “el Gobierno pone a disposición esta alternativa para quienes han sido injustamente expatriados de Nicaragua y voluntariamente decidan tomarla”.
“La historia de nuestro país nos ha enseñado que la defensa de la democracia y los derechos humanos, y la solidaridad internacional entre los pueblos, trascienden las coyunturas políticas y forman parte de estándares civilizatorios esenciales para la vida en sociedad”, sostiene el documento.
Asimismo, el Ejecutivo informó que “los Ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior y Seguridad Pública, por instrucciones del Presidente de la República, tomarán las medidas correspondientes con el fin de implementar esta decisión”.
Cabe mencionar que más de 300 opositores al régimen de Ortega fueron expulsados y despojados de sus bienes, nacionalidad y derechos ciudadanos de “forma perpetua”, tras ser acusados de “traición a la patria” por el Ministerio Público del país centroamericano.
La medida fue criticada por el presidente Gabriel Boric, quien calificó a Ortega como “dictador” en respuesta a un tweet de la escritora Gioconda Belli, una de las afectadas por la última ofensiva del gobierno nicaragüense.
De igual forma, lo hizo en su momento la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, quien calificó la administración de Ortega como una “dictadura totalitaria donde se persigue cualquier tipo de disidencia”.