Durante este miércoles, el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte decretó la prisión preventiva para la imputada por la muerte de la ciudadana destacada, emprendedora y dirigenta vecinal Antonia Esteban Moscoso, asesinada el pasado viernes en la comuna.
La imputada de iniciales E.T.M., de 34 años, había hecho varias maniobras para ocultar el cuerpo de la víctima, entre ellas, colocarlo al interior de una maleta y posteriormente arrojada a un pozo séptico del inmueble, que iba a ser traspasado desde Esteban Moscoso a nombre de la persona que le dio muerte, debido a una venta del terreno.
Según informó el fiscal jefe del Tamarugal, Hardy Torres, cerca de las 14:00 horas, del día viernes 17 de febrero, la detenida concurrió a bordo de un auto marca Hyundai al exterior del Centro de Artes Escénicas de Pozo Almonte, para recoger a la víctima con la excusa de ir a firmar un documento notarial para el traspaso de un terreno.
Antonia mantenía una discapacidad física del 70%, por lo cual caminaba con ayuda de una muleta, además era la tía del marido de la imputada y mantenía una relación de confianza y cercanía con ella, habiendo incluso ese día tomado desayuno juntas en horas de la mañana.
Tras el termino de la ceremonia en la que había sido distinguida como ciudadana destacada por parte del municipio, la víctima salió y se subió a bordo del vehículo, conducido por E.T.M., hasta un domicilio que estaba deshabitado. Una vez que ambas estuvieron dentro de la casa, la mujer de 34 años, actuando de forma alevosa se ubicó por la espalda de la víctima y con un arma blanca la apuñaló en el tórax, afectándola a nivel pulmonar y cardiaco, y luego le propinó una lesión cortante en la región del cuello que comprometió las arterias y venas y lesionó la vía aérea.
El fiscal Torres agregó que sin perjuicio de las graves lesiones provocada, la presunta asesina le propinó cuatro heridas cortopunzantes en la zona de la espalda, alcanzado el corazón y los pulmones, falleciendo la víctima en el lugar.
Siguiendo con los antecedentes del Ministerio Público, luego de dar muerte a la víctima, la imputada procedió a limpiar minuciosamente el lugar e introducir el cuerpo al interior de una maleta, cambiándose parte de sus ropas para evitar mantener restos de sangre y retirándose del lugar en el mismo vehículo que llegó. Al día siguiente, aproximadamente las 09:55 horas, fue hasta dicho domicilio, trasladando la maleta con el cuerpo de la víctima hasta otra vivienda, donde procedió a lanzarla a un pozo séptico ubicado en el patio de dicho inmueble, lugar donde fue encontrado posteriormente por personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.
Asimismo, el persecutor explicó las diligencias realizadas por los funcionarios de la Brigada de Homicidios desde que los familiares realizaron la denuncia por la desaparición de la víctima el mismo día viernes, incluyendo una declaración de la imputada quien había sido la última persona en verla y quien señaló que la había dejado en una calle de Pozo Almonte con otra señora y no la volvió a ver, aunque habían quedado de acuerdo en ir a una notaría junto a su marido para materializar la compra de un terreno por el cual la víctima le había pagado 30 millones de pesos.
Una vez que los funcionarios policiales analizaron las cámaras de seguridad del lugar donde supuestamente la imputada había dejado a la víctima y confirmaron que dicha información no coincidía, nuevamente le tomaron declaración a la imputada, ocasión en que ella confesó que le había dado muerte y cómo la había realizado.
El Subprefecto Christian Sayago Reyes, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) Iquique, confirmó la prisión preventiva de la imputada por el homicidio de la dirigenta, en virtud de los antecedentes aportados por la PDI y el trabajo conjunto con la Fiscalía del Tamarugal.
En tanto, las pericias realizadas por la personal policial en los sitios del suceso donde falleció la víctima y donde se escondió su cuerpo; el informe del Servicio Médico Legal que dio cuenta de las graves heridas provocadas en la víctima; y las declaraciones de otros familiares de la víctima, quienes indicaron que el marido de la imputada nada sabía de la venta del terreno.
Dada la gravedad del delito y la pena asignada al mismo, el fiscal Hardy Torres solicitó la prisión preventiva de la imputada por ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad, lo que fue acogido por el juzgado de garantía fijando un plazo de investigación de 120 días.
