La comisión investigadora sobre criminalidad en la macrozona norte recibió al director del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), Luis Eduardo Thayer, instancia en que entregó cifras sobre los ingresos de personas por pasos no habilitados y expulsiones.
Según señaló Thayer, entre el 1 de enero y el 26 de febrero de este año se detectaron 3.376 ingresos irregulares, siendo 2.932 de adultos y 444 de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, precisó que los ingresos de adultos disminuyeron en un 53% durante el pasado mes.
De igual forma, el director de SERMIG indicó que el promedio semanal de ingresos para 2023 es de 422, un 51% menor al promedio de 2022 a la misma fecha, correspondiendo un 72% a ingresos por Colchane (2.422), 28% por Chacalluta (948) y 0,2% por Ollagüe (6).
Respecto a las expulsiones administrativas, el personero detalló que estas disminuyeron un 87%. Las judiciales, al contrario, aumentaron un 56% (de 667 a 1.039).
Por otra parte, Luis Eduardo Thayer manifestó que, desde 2018, las expulsiones judiciales anuales superan a las administrativas, representando más del 70% e informó que 2022 fue el año con mayor proporción de expulsiones judiciales (97%) del total.
En el mismo sentido, afirmó que, al 25 de febrero, se ha expulsado a 105 extranjeros; 84 vía expulsión judicial y 21 vía administrativa.
El diputado José Miguel Castro (RN), en tanto, solicitó al director del Servicio de Migraciones hacerse presente en los distintos territorios, además de analizar los números entregados por la PDI.
Por su parte, el presidente de la comisión, diputado Jaime Araya (IND), resaltó que la crisis migratoria tiene dos partes. Por un lado, las personas que están ingresando constantemente y, por otro, quienes ya ingresaron.
En esa línea, el director del Servicio de Migraciones señaló que el problema de la migración irregular no se resolverá sólo con expulsiones. “Esto requiere soluciones con diversas decisiones que aborden, desde distintas dimensiones, el problema”, acotó.
Al mismo tiempo, afirmó que es necesario hacerse cargo del déficit que tiene el Estado en esta materia. “Creemos que la reforma al procedimiento de notificación; el cambio en el plazo de detención; más recursos operativos para la PDI; mejores mecanismos de intercambio de información, nos van a permitir aumentar el volumen de personas expulsadas que están en causal”, cerró.
