El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a las dificultades de concretar las expulsiones pendientes en el país y enfatizó que las conversaciones diplomáticas con Bolivia y Venezuela “son indispensables” para enfrentar el proceso migratorio en Chile.
En conversación con el diario La Tercera, la autoridad de Gobierno afirmó que no hay un acuerdo con Bolivia “para devolver a territorio boliviano a personas que ingresan de manera irregular, y en el caso de las expulsiones judiciales (personas condenadas) no tenemos grandes problemas para ejecutarlas con Venezuela”.
“Ahora, en el caso de las expulsiones administrativas, quienes están irregularmente en Chile, el proceso es más lento”, agregó.
Al ser consultado cómo el Gobierno enfrentará el tema migratorio, más allá del despliegue de las Fuerzas Armadas, Monsave comentó que “hay que diferenciar dos fenómenos que tienden a juntarse”.
Según Monsalve, en primer lugar se encuentra “la salida de siete millones de venezolanos de su país, y lo que eso implica” y por otro lado, está el tema de “la participación del crimen organizado en el proceso migratorio, fenómenos que han hecho aparecer nuevos negocios para las organizaciones criminales”.
En este sentido, indicó que “es evidente que para enfrentar los procesos migratorios en Chile, las conversaciones diplomáticas con Bolivia y Venezuela son indispensables. Enfrentar esto no es posible sin llegar a un acuerdo con estos países”.
Además, el subsecretario comentó que “hay otro tema que tiene que ver con las 20 mil expulsiones pendientes”, que heredó el gobierno del presidente Gabriel Boric, considerando que “estos son procesos ya ejecutoriados de personas que entre 2013 y 2021 el Estado chileno decidió sacar de su territorio”.
“A eso le sumo dos mil resoluciones que ha firmado el director de Migraciones durante este gobierno, o sea, podríamos llegar a 22 mil, y ahí la pregunta es natural”, añadió.
Respecto al motivo por el cual, estas personas aún se encuentran en territorio chileno, la autoridad explicó que “tiene que ver con el proceso diplomático”, tomando en cuenta que “la PDI detiene al expulsado, que por ley puede estar arrestado como máximo por 48 horas; se compra el pasaje, se pide un documento del país donde se está enviando; por ejemplo, un documento del consulado venezolano”.
“Luego, tengo entre cuatro y ocho vuelos comerciales que van a Venezuela, donde sólo puedo subir dos personas que expulsó, quienes deben ir acompañados por funcionarios de la PDI; o, puedo contratar un chárter”, expuso.
A esto, se debe agregar “una autorización, además, del espacio aéreo”, y según Monsalve “para poder ejecutar estas expulsiones se necesita tener alguna relación consensuada con el país de destino”.