El Consejo y Directorio de la Asociación Nacional de Fiscales solicitó al fiscal nacional, Ángel Valencia, suspender el “criterio Valencia”. Lo anterior, tras una sesión extraordinaria entre ambas entidades.
En detalle, el Consejo y Directorio de la Asociación Nacional de Fiscales sostuvo que “sabemos que para el enrolamiento de imputados el Registro Civil cuenta con una sección que se encuentra radicada sólo en la Región Metropolitana“.
Además, indicaron que “según la experiencia cotidiana, actualmente, este trámite puede demorar entre 2 y 3 meses, plazo que, muchas veces, es el que los tribunales fijan como plazo de investigación, particularmente en casos de menor complejidad”.
Sobre esto, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, aseguró que la razón está vinculada a contar con apoyo técnico y operativo desde el Registro Civil.
“Los esfuerzos debieran de estar más bien dirigidos a instar por la mejora de los procesos de enrolamiento procedimiento de tramitación y recursos disponibles, que en someter el proceso penal a las carencias del mismo”, agregó.
En este sentido, los fiscales indicaron que es razonable solicitar “que se precise el alcance del referido oficio a casos, tales como, la detención de adultos mayores, embarazadas o personas con capacidades diferentes o con situaciones médicas delicadas y, en especial, la situación de niños, niñas y adolescentes”.
Lo anterior, “en los casos que -conforme al artículo 32 de la Ley 20.084 no pueden ser sometidos a internación provisoria, salvo delitos que merezcan pena de crimen”.
También precisaron que “si tal medida no admite excepción alguna en casos de delitos con penas de multa o cuyas penas -en abstracto- sean propias de la aplicación de un procedimiento simplificado; lo que conocemos como delitos bagatelarios“.
Respecto de este último punto, el Consejo y Directorio de la Asociación Nacional de Fiscales manifiesta la preocupación del gremio “en orden a repetir experiencias del pasado reciente en que directrices rígidas terminaron por afectar la imagen de nuestra institución en términos públicos”.