El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Iquique resolvió condenar al ex funcionario de Gendarmería Jonnathan Ramos Zúñiga a dos penas efectivas de 3 años y un día de presidio por los delitos de apremio ilegítimo y abuso sexual, respectivamente, en contra de una imputada, de nacionalidad boliviana, que era trasladada desde el juzgado de Pozo Almonte al centro penitenciario de Alto Hospicio.
En fallo unánime, el tribunal también aplicó a Ramos Zúñiga las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, se procederá a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que el día 14 de septiembre de 2021, J.R.H., de nacionalidad boliviana, fue formalizada por el delito de tráfico de estupefacientes y decretada su prisión preventiva por lo que debía ser trasladada desde la Comisaría de Pozo Almonte al Complejo Penitenciario de Alto Hospicio.
Este cometido fue realizado por funcionarios de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios de Gendarmería de Chile, ingresando a la víctima con las medidas de seguridad correspondientes, al calabozo del vehículo, dependencia que se encuentra separada del habitáculo destinado a los funcionarios custodios por una puerta de metal.
La custodia de la detenida estuvo a cargo de Jonnathan Ramos Zúñiga, quien pasado unos minutos desde la salida del carro y mientras estaba en marcha, abrió el calabozo y ordenó salir a la víctima, indicándole que le haría una revisión de sus vestimentas por temas de seguridad, sacándole los grilletes y exigiéndole que se desnudara.
La víctima lo hizo, tomándola el imputado por la cintura y sentándola sobre sus piernas, comenzando a tocarla, mientras le decía que si era primera vez que estaba detenida y que si no hablaba, la llevaría donde la gente buena, pero si decía algo, pediría que le pegaran y la pusieran en una celda con personas malas. Todo esto mientras la mujer, lloraba sintiéndose coaccionada, atemorizada, avergonzada y a merced de su agresor.
Paralelamente, se escuchó en la cabina del vehículo un golpe en el sector de los calabozos del mismo, percatándose los demás funcionarios por las cámaras internas de seguridad del carro, que la imputada no estaba en la celda, procediendo a detener el vehículo y al hacerlo, vieron por las cámaras que la víctima volvía a ingresar al calabozo con su torso desnudo y al descender y abrir el carro, vieron a Ramos Zúñiga con las ropas de la víctima.
Tras ello, se estableció que otro funcionario acompañara al Jonnathan el resto del camino, mientras se informaba por teléfono de lo ocurrido al Complejo Penitenciario.
Delitos de apremios ilegítimos y abuso sexual
La fiscal especializada en delitos sexuales, Camila Albarracín, señaló que “a nuestro criterio, al igual que el INDH, los hechos constituían el delito de tortura sexual, sin embargo, el tribunal en un fallo dividido resolvió condenar al imputado por los delitos de apremios ilegítimos y abuso sexual, existiendo el voto disidente de una jueza que estuvo por considerar que la prueba presentada por la Fiscalía sí daba cuenta del delito de tortura”.
Además, la persecutora destacó “la cooperación del Servicio Médico Legal con la realización del protocolo de Estambul y el peritaje sociocultural realizado por una perito de la Universidad de Tarapacá”.
“De todas maneras, analizaremos el fallo para tomar la decisión si procede o no la presentación de un recurso”, indicó Albarracín.
En el juicio, la persecutora presentó el testimonio de la víctima a través de una declaración anticipada, ya que fue expulsada del país; de los otros gendarmes que acompañaban al imputado y de los que recibieron a la víctima en el centro penitenciario; del médico y sicólogas que atendieron a la afectada, de los funcionarios de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones que realizaron las diligencias investigativas, de la perito del Servicio Médico Legal que confirmó los daños sicológicos que sufrió la víctima producto de este ataque.
Lo anterior, tras la presentación de numerosa prueba por parte de la fiscal especializada en delitos sexuales Camila Albarracín y los abogados querellantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).