La Sala de la Cámara aprobó el proyecto de ley que modifica la Ley 21.325, de Migración y Extranjería, con el objetivo de agregar formas alternativas de notificación del inicio de los procedimientos administrativos de expulsión. La iniciativa establece nuevas formas de notificación tanto en el inicio del proceso administrativo como en la expulsión final.
En la actualidad, la normativa no penaliza el ingreso irregular, sino que sanciona administrativamente al extranjero que no entregue información. El proyecto busca evitar la judicialización de los procesos administrativos y provocar un mayor retraso en las expulsiones.
En el primer contacto con el extranjero que ha ingresado al país, la autoridad controladora deberá apercibirlo para que indique un domicilio. Si este no cumple dicha obligación, deberá indicar una dirección de correo electrónico. En caso de que el extranjero tampoco cumpla con esta última obligación, quedará afecto a una causal de expulsión imperativa.
La notificación del acto administrativo podrá practicarse personalmente por la policía o por carta certificada dirigida al domicilio o la dirección de correo electrónico informado por el extranjero. La autoridad deberá exhibir al extranjero el documento donde constan los antecedentes recolectados y entregarle una copia.
El proyecto también establece que para los extranjeros que hayan ingresado por pasos fronterizos no habilitados, evadiendo el control o con documentos falsos, el inicio del procedimiento administrativo de expulsión podrá ser realizado por la propia PDI, al momento de realizarse la respectiva denuncia.
Al respecto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo que esta medida “busca simplificar y hacer de más fácil ejecución los procesos de expulsión que tenían a partir de la nueva ley de migraciones la exigencia de dos procesos de notificación personal, y con este proyecto se han simplificado”.
De esta forma, explicó que serán “mucho más realizable” y se podrán “acortar los tiempos” en que se puedan hacer efectivas las expulsiones.
En esta línea, la secretaria de Estado explicó que “en el marco del debate se planteó una indicación que el Ejecutivo ha reparado de inconstitucionalidad, que además en nuestra opinión haría muy difícil la aplicación de este proyecto, pero hay todavía tramitación para que eso se pueda acoger y resolver”.
“Esta es una materia en que el país requiere que dejemos atrás una forma de debatir apresurada, tomando decisiones no fundadas en la evidencia y por el contrario requiere que demos pasos firmes acordados ampliamente y fundados en lo que es más efectivo”, manifestó la ministra.
Asimismo, recalcó que “la manera en que está planteado este proyecto busca precisamente resolver un nudo que hoy día dificulta, demora los procesos de expulsión cuando ellos son requeridos”.