La Contraloría General de la República realizó varias observaciones a la iniciativa del Gobierno Regional (GORE) “500 Cabildos Ciudadanos de Tarapacá”, financiada con recursos del 6% del FNDR del año 2021, por el período comprendido entre el 9 de marzo y el 9 de julio de 2022.
La investigación se llevó a cabo tras la denuncia efectuada la consejera regional, Solange Jiménez y su par Eduardo Mamani, y tiene relación con la falta de transparencia en la ejecución presupuestaria del proyecto del GORE de Tarapacá, ya que no habría tenido respuesta a una solicitud de información que hizo al Gobernador Regional en sesión de pleno del 30 de mayo de 2022, referente al mecanismo utilizado para contratar su ejecución, la cantidad de recursos que destinaron, la individualización del adjudicado, los ítems para rendición y las empresas o profesionales contratados.
Entre los principales resultados, la Contraloría pudo constatar que la asignación directa de la suma de $120.000.000 del 6% del FNDR del año 2021, efectuada por el GORE de Tarapacá a la Federación Regional de Uniones Comunales de Tarapacá, para la ejecución del proyecto, se ajustó a la glosa de Presupuestos del Sector Público año 2021, y a la jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Fiscalización, por cuanto ella correspondía “a una actividad de carácter social calificada por el Gobernador Regional, aprobada a una institución privada sin fines de lucro, y su monto, al mes de diciembre de igual año, no supera las 7.000 UTM, por lo que no requería acuerdo del Consejo Regional”.
Si bien no se determinaron objeciones en cuanto a incumplimientos del principio de prescindencia política por parte de funcionarios de la entidad fiscalizada, se observó que el eje temático referente a la Convención Constitucional, no guardaba relación con el objetivo de la iniciativa, ya que su fin era conocer la implicancia regional y las expectativas ciudadanas que tendría la pasada propuesta constitucional, y el grado de conocimiento sobre el trabajo desarrollado por esa convención, como se advirtió de las preguntas aplicadas en los cabildos.
Dicha situación “incumple los principios de control y eficiencia consagrados en la ley N° 18.575, por lo que el Gobierno Regional deberá instruir un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas involucradas en estos hechos, remitiendo a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía el acto administrativo de inicio”.
Además, el ente fiscalizador advirtió que se comprobaron incumplimientos en la metodología contratada con la consultora ISOINGENIO SPA, ya que los cabildos no se ejecutaron conforme a la cobertura propuesta por esa consultora (comuna de Iquique -3, provincia del Tamarugal -40, comuna de Alto Hospicio +46).
También, se verificó que 32 cabildos se desarrollaron con una cantidad de participantes menor al mínimo propuesto de 7 personas. Asimismo, se observó que 89 cabildos tuvieron una duración menor al tiempo contemplado en la metodología para discutir cada eje temático, además de inconsistencias en la identificación de los grupos participantes o temáticas abordadas y la falta de medios de verificación en 31 cabildos.
Según Contraloría, “las situaciones descritas no guardan armonía con los principios de control, eficiencia y eficacia consagrados en la ley N° 18.575, por lo que esa entidad deberá incorporar dichas irregularidades al procedimiento disciplinario anteriormente ordenado”.
A su vez, se advirtió que el GORE de Tarapacá no supervisó adecuadamente la formulación, evaluación y ejecución de la indicada iniciativa de cabildos ciudadanos, debido a que en su análisis no consideró factores relevantes de medición, como por ejemplo, costo de la recopilación de información en la población y la metodología a utilizarse en la realización de los cabildos, entre otros necesarios para asegurar el buen resultado del proyecto.
Tampoco se realizaron verificaciones en terreno por parte de la unidad encargada de su fiscalización, todo lo cual no se ajusta a las normas de control interno establecidas en la resolución exenta N° 1.485, de 1.996, de Contraloría General, ni a los principios de control, eficiencia y eficacia previstos en la ley N° 18.575. Por lo anterior, corresponde que esa entidad “incorpore al sumario antes señalado, la falta de fundamentación técnica de dicho proyecto, de modo de determinar si existen responsabilidades administrativas involucradas”.
“500 Cabildos Ciudadanos de Tarapacá“
La iniciativa, financiada por el Gobierno Regional de Tarapacá y ejecutada por la Federación de Uniones Comunales de Tarapacá, buscaba fomentar la participación de las y los vecinos en materia de inversión pública, entregando su visión y diagnóstico de situaciones que los aquejan y consideren que es necesario solucionar.