El presidente Gabriel Boric participó en el Desayuno Anual de la Construcción convocado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), desde donde criticó el proyecto de ley aprobado el lunes en la Comisión de Salud del Senado, el cual abre paso a una salida alternativa ante el fallo de la Corte Suprema sobre las isapres.
“Las reglas en Chile, las reglas que todos nos damos, se deben cumplir. Y en esto, me permito referirme a un tema que ha estado en el centro del debate durante los últimos meses, que es la crisis del sector privado de la salud”, indicó el Mandatario, durante su exposición en la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
Para el mandatario, la iniciativa es “una forma de evadir la responsabilidad que tienen todos los ciudadanos y las instituciones en el país de respetar las decisiones de un poder independiente del Estado”.
“A uno podrá gustarle o no gustarle el fallo de la Corte Suprema. Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no me cabe ninguna duda en que todos debemos estar de acuerdo, en que los fallos de un poder independiente se deben cumplir”, agregó.
Asimismo, Boric remarcó que el Gobierno debe “garantizar que existan las facilidades para cumplir el fallo, pero no para evadir su cumplimiento”, además, expresó ser “crítico con el proyecto de reforma constitucional que se aprobó ayer lunes en la Comisión de Salud del Senado”.
En este sentido, el mandatario explicó que desde la perspectiva del Ejecutivo en la práctica lo que realiza el proyecto “es evadir el cumplimiento del fallo de un poder independiente”, considerando que “se debe garantizar la sostenibilidad del sector privado en el tiempo, pero cumpliendo las reglas”.
“Y esto es un equilibrio difícil, que sin lugar a dudas es desafiante para el sector público, para el sector privado, pero que no podemos obviar”, sentenció.
El proyecto impulsado del Gobierno
Cabe señalar que el Ejecutivo ingresó una iniciativa de ley corta que aumenta las facultades de la superintendencia, fortalece Fonasa y entrega seis meses a las isapres para que informen el número de contratos afectados por la adecuación de precio, el monto total de la deuda, y entreguen una propuesta de plan de pago.
Se estima que nueve empresas tendrán que devolver cerca de $1,1 billón con esta propuesta, quedando sin la opción de distribuir sus utilidades hasta que no hayan pagado la totalidad de las devoluciones.