En el salón Montt-Varas del Palacio de la Moneda se realizó ayer miércoles la sesión extraordinaria del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), que, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, fue dedicada en exclusivo a analizar las solicitudes de declaratoria, como Monumento Histórico, de siete Sitios de Memoria: todas fueron aceptadas de forma unánime. Los consejeros acordaron además solicitar al ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Jaime de Aguirre, la dictación de los decretos respectivos, con lo que se oficializará esta decisión.
Con tres de ellos se cumple el compromiso del Estado en el Plan Nacional de Derechos Humanos de tener al menos un sitio de memoria en cada región, la ex Cárcel de Arica en la Región de Arica y Parinacota; el Regimiento N° 23 de Copiapó en Atacama, y el Memorial Puente El Ala en Ñuble. Los otros recintos reconocidos son el inmueble de la CNI en Talca, la Comisaría de Ancud, la fosa del Cementerio de La Serena y, en el caso de Tarapacá, el Campo de Prisioneros de Pisagua.
A la sesión asistieron como invitados los representantes de las agrupaciones solicitantes de las declaratorias, así como las y los seremis de las regiones involucradas. El ministro De Aguirre valoró la decisión de los consejeros: “
Héctor Marín, de la Corporación de Derechos Humanos y Sitios de la Memoria de Tarapacá, organización solicitante de la declaratoria, agradeció la decisión del CMN y dijo que, “la nuestra es una región llena de memoria e historia”.
“Estar aquí (en el Palacio de la Moneda) es estar presentes los ausentes que hemos buscado toda la vida. Este es un reconocimiento no solo a ellos y su dignidad sino a las luchas que han dado los familiares por reconocer algo que sucedió, no por nosotros, sino como un nunca más gigante para que las nuevas generaciones sepan cómo se vivió la dictadura militar”, agregó.
Por su parte, la seremi de las Culturas de la Región de Tarapacá, Rose-Marie Acuña, destacó que “este es un gran avance en el ámbito de memoria y derechos humanos para nuestra región”.
“Lo vemos como el inicio de un proceso mayor en que, junto con las agrupaciones de derechos humanos y la comunidad, podremos ir avanzando en el reconocimiento de todos estos sitios, siempre prensando en una cultura de memoria y no repetición en favor de proteger nuestra democracia. Que esta aprobación sea justo en el año en que se conmemoran los 50 años del golpe de estado me parece aún más significativo”, expresó.
EL EX CAMPO DE PRISIONEROS
El último de los nuevos monumentos es el ex Campo de Prisioneros de Pisagua, ubicado en la localidad costera de la Región de Tarapacá, que funcionó a través de una red articulada de inmuebles destinados a la reclusión que estaban ubicados en diferentes lugares del pueblo, como la ex Cárcel Pública y actual Hotel de Pisagua, el edificio del Mercado, el Teatro Municipal y la Multicancha Deportiva. El ex Campo de Prisioneros, en el borde costero, consistió en seis galpones que sirvieron de sitio de detención y tortura y que fueron desmantelados posteriormente por el Ejército. Hoy, solo quedan vestigios y el radier.
Inició su construcción en octubre de 1973, para albergar al creciente número de detenidos, utilizando como mano de obra a los propios presos políticos, y estaban rodeados por casetas de vigilancia, torretas con iluminación, focos en cada esquina, y todo esto a su vez con alambre de púa. Las condiciones del recinto no cumplían ninguna normativa del Código Penitenciario, teniendo a los prisioneros totalmente incomunicados con el exterior y viviendo en un extremo hacinamiento.
En Pisagua se registra el mayor porcentaje de víctimas fatales: según los antecedentes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 24 personas habrían sido ejecutadas bajo Consejos de Guerra y Ley de Fuga. También concentra el más alto número de detenidos de la región, con 800 reclusos.
Entre los valores históricos y fundamentos de memoria y de derechos humanos considerados por los consejeros, destaca que se trata de vestigios que son testimonio del trabajo forzado al que fueron sometidos los prisioneros políticos que se encontraban en la cárcel de la localidad, un puerto que, en atención a su ubicación geográfica y topográfica, ha sido un lugar de prisión política en tres períodos de la historia de Chile: durante el gobierno de Gabriel González Videla (1947 y 1948); durante el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1952 a 1958) y durante la dictadura cívico-militar entre septiembre de 1973 y octubre de 1974 y posteriormente en la década de los ochenta.
“Su conservación, protección y resguardo permite entregar una lectura de conjunto e integral de la existencia y funcionamiento del Campamento de Prisioneros de Pisagua, el cual fue uno de los principales campamentos de prisioneros políticos de la dictadura cívico-militar y donde se recluyó el mayor número de detenidos de la región de Tarapacá”, señalaron los consejeros.