Este martes 23 de mayo el Delegado Presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros, realizó la Cuenta Pública Participativa del periodo 2022 – 2023 en la que destacó los avances del Gobierno en la región en materia de seguridad ciudadana, económica y social, instancia que contó también con la presencia de la Ministra de Ciencia Aisén Etcheverry y la Ministra (s) de Salud Andrea Albagli.
Al inicio de la ceremonia, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se hizo presente por medio de un video en el que destacó la importancia de que “lo que hemos hecho se pueda transmitir en los lugares más lejanos y que la gente, nuestra gente, sepa que estamos trabajando por y para ellos y con ellos también”. También se transmitieron las palabras de la ministra del Interior, Carolina Toha, quien valoró que “esta cuenta es muy especial porque se está haciendo presencial después del largo tiempo de la pandemia y además se está haciendo en un momento en que están pasando cosas muy importantes en las regiones”.
En la presentación de la cuenta pública y enfocado en las gestiones en seguridad ciudadana, el delegado valoró la implementación del Consejo Regional contra el Crimen Organizado que presentó un plan con 71 medidas y una inversión en equipamiento y tecnología de $7.033.661.040 para las instituciones que combaten el crimen organizado. La autoridad regional destacó que en el marco de estas coordinaciones se implementó un plan urgente de fortalecimiento a la persecución penal de los homicidios que permitió la designación del fiscal preferente en la materia y el arribo de una brigada especial de la PDI que logró esclarecer 14 de 17 casos en tan solo 60 días. “Gracias a este trabajo mancomunado que nos ha llevado a presentar querellas criminales en cada uno de los casos de homicidio, no sólo dimos una señal clara como instituciones del Estado para terminar con la impunidad y lograr una drástica reducción del número de homicidios, sino que también pudimos entregar una cuota de paz y consuelo a familias que todavía anhelan y claman justicia”, indicó.
Además, Quinteros relevó la implementación de la Ley de Infraestructura Crítica en el marco de la gestión migratoria y fronteriza la cual ha permitido que, hasta el 14 de mayo pasado, se hubieran realizado 44.805 controles y 664 tareas de vigilancia, logrando materializar 35 detenciones y registrando una baja significativa de 62% en los ingresos irregulares por pasos no habilitados. Esto se complementa con la incorporación de Colchane dentro del Sistema Integrado de Fronteras, que considera el mejoramiento de condiciones de habitabilidad de los Puestos de Observación Fronteriza, con tecnología y módulos para funcionarios. “Estos resultados representan un avance importante para devolverle la tranquilidad a nuestra gente en Colchane, en Huara, en Pozo Almonte, en Iquique y en Alto Hospicio, lo que nos muestra la necesidad de seguir avanzando y fortaleciendo de manera decidida las capacidades de control y las condiciones de seguridad en la frontera”, destacó la autoridad.
Además, la autoridad ahondó en los esfuerzos del Gobierno para fortalecer y apoyar el trabajo policial, por lo cual el Ministerio del Interior hizo entrega de 19 nuevos vehículos policiales a Carabineros de Tarapacá y se concretó el aumento de la gratificación especial de riesgo de esta institución en la región, de un 10% a un 20%. Este apoyo es relevante en el marco del trabajo coordinado que se concreta constantemente con las policías, como por ejemplo con el Programa de Televigilancia Móvil que con sus drones de alta tecnología ha realizado un total de 2.170 operativos en las siete comunas de la región y ha colaborado activamente en 415 detenciones en 2022 y en 145 en lo que va del 2023. Junto con ello, el delegado destacó que “desde la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá hemos logrado articular un trabajo en coordinación con policías, municipalidades, Secretarías Regionales Ministeriales y otros servicios públicos, planificando un total de 109 fiscalizaciones, retirando vehículos de circulación, revisando órdenes pendientes y decomisando casi diez mil kilos de productos agropecuarios de contrabando, más otros 700 kilos de fármacos y 1300 botellas de alcohol, entre otros varios productos”.
En cuanto a la programación de la gestión en seguridad ciudadana para el periodo 2023 – 2024, el delegado se centró en los objetivos que se contemplan con el Plan “Calles sin Violencia”, la inclusión del Complejo Fronterizo de Colchane en el Plan Nacional de Complejos Fronterizos, con una inversión histórica de 8.500 millones de pesos, y el recientemente aprobado Plan Regional de Seguridad Pública. “En esta línea hemos enfrentado el problema de la seguridad pública como un desafío de Estado, que requiere una respuesta conjunta y articulada que considere el aporte de todos los poderes del Estado, de todos los sectores políticos y de todos los niveles de gobierno”, finalizó la autoridad regional.