El Servicio Nacional de Consumidor (SERNAC) denunció ante el Ministerio Público de Tarapacá a la empresa Altamar Propiedades Ltda. para que, en el marco de sus facultades, investigue penalmente por un eventual delito de estafa y apropiación indebida.
El Servicio adoptó esta decisión tras recibir durante este año 8 reclamos de consumidores que indican que la empresa cerró sus puertas sin prestarles el servicio ni tampoco les devolvió el dinero pagado. Los reclamos gestionados por el SERNAC tampoco fueron respondidos por la empresa.
Según el relato y los antecedentes proporcionados por los propios consumidores, el modelo de negocio de la compañía era la gestión inmobiliaria para acceder a créditos hipotecarios.
Altamar propiedades ofrecía a los consumidores buscar una entidad financiera para el otorgamiento de un crédito hipotecario, cobrando un pago por gastos operacionales para la supuesta realización por un monto de 26 Unidades de Fomento, esto es, cerca de 930 mil pesos.
Los consumidores afectados detallaron que, luego de enviar la información requerida y realizado el pago, la empresa cerró sus canales de atención, no contestó correos electrónicos, teléfonos, ni tampoco se encontraban en la oficina comercial ubicada en calle Lynch 933, comuna de Iquique.
De esta manera, los afectados que han presentado los reclamos al SERNAC dan cuenta de incumplimientos y engaños por parte del proveedor, quien no devolvió los dineros y desapareció sin dar respuesta.
El director regional (S) del SERNAC, Rodrigo Cortés, explicó que “el Servicio tras analizar los reclamos y el comportamiento de esta supuesta empresa, llegó a la convicción que la conducta irregular y repetitiva podría implicar un eventual delito. Acá se ha afectado gravemente a familias que veían en esta inversión la posibilidad de cumplir con el anhelo de la casa propia y que hoy ese sueño se ve frustrado”.
Cabe recordar que el SERNAC y la Fiscalía mantienen un convenio de colaboración, cuyo objetivo es realizar diversas acciones tendientes a dar mayor protección a los consumidores ante empresas que tengan conductas fraudulentas o de delito.
