El pasado 31 de mayo de 2023, el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) firmaron un convenio para implementar el proceso de Empadronamiento Biométrico en Chile, con el objetivo de registrar e identificar a las personas extranjeras que hayan ingresado al país por pasos no habilitados o eludiendo el control migratorio. Este proceso, que comenzó el 15 de junio, ha generado diversas reacciones en la opinión pública, especialmente entre los sectores más conservadores, que lo ven como un “perdonazo” y una muestra de la intención del gobierno de Boric de premiar al migrante irregular.
Sin embargo, este empadronamiento no es más que una medida tardía e insuficiente para enfrentar el grave problema de la migración irregular y la informalidad que afecta a Chile desde hace años. El Estado chileno ha sido permisivo y negligente con esta situación, que ha generado una serie de consecuencias negativas para la seguridad, la economía y la salud pública del país.
Algunos ejemplos de esta permisividad son:
El 10 de agosto del 2022, dos funcionarios de la fuerza aérea boliviana fueron capturados por carabineros en territorio chileno. La fiscalía desestimó delito salvo el de ingreso involuntario al territorio nacional, sin investigar qué hacían armados dos militares de la fuerza aérea boliviana en territorio chileno cuando la base aérea más cercana está a casi 200 kilómetros de Colchane.
La deficiente fiscalización del ministerio de transporte al transporte irregular. Las pocas veces que van a Colchane no están más de dos horas en la mañana, donde no hay transporte irregular (este se da de madrugada) y fiscalizan solo a nuestros pobladores con un celo desproporcionado.
En la zona central cientos de miles de migrantes irregulares trabajan en diversos sectores, nunca van los inspectores del trabajo a fiscalizar esas empresas que tienen grandes volúmenes de irregulares trabajando. Pero si lo vemos ensañándose con las Pymes.
En todo el país hay tomas de terrenos integradas exclusivamente por migrantes irregulares y en algunos casos como en Alto Hospicio verdaderas ciudadelas donde bandas de crimen organizado son los que ponen las reglas, donde no entra carabineros y el Estado está ausente.
Todo lo anterior revela a mi juicio la permisividad del Estado frente a la informalidad y la falta de voluntad política para aplicar la ley y proteger los intereses nacionales. Por el contrario, el Estado chileno ha sido implacable y represivo con los ciudadanos que cumplen las leyes y pagan sus impuestos, sometiéndolos a restricciones sanitarias, multas arbitrarias y persecución judicial.
Además, el gobierno ha mostrado una visión romántica e ingenua respecto a la migración irregular, pretendiendo regularizar a todos los que entraron por la ventana, sin considerar los efectos sociales y culturales que esto implica.
El empadronamiento biométrico no garantiza que los migrantes irregulares cumplan con los requisitos mínimos para residir legalmente en Chile, como tener un contrato de trabajo, un seguro de salud o antecedentes penales limpios. Tampoco asegura que se respeten los cupos establecidos por ley para cada nacionalidad o que se priorice a los migrantes que han seguido los canales formales para ingresar al país.
Finalmente, el empadronamiento biométrico evidencia la ineficiencia de la presencia del ejército en la frontera en cuanto a detener la migración irregular tanto de entrada como de salida. A pesar del despliegue militar, miles de personas siguen cruzando ilegalmente la frontera, exponiéndose a los riesgos del desierto y a las redes de tráfico de personas. Por otro lado, el ejército no ha podido controlar la salida de migrantes irregulares que buscan llegar a otros países, como Perú o Estados Unidos, dejando una estela de basura, contaminación y enfermedades en su paso.
En conclusión, se requiere una política migratoria seria, responsable y coherente, que respete los derechos humanos, pero también los intereses nacionales, hasta el momento ni lo uno ni lo otro se ha podido ejecutar correctamente.