La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se sumó a los cuestionamientos sobre los tres convenios que acumulan más de $426 millones y que fueron firmados por la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, representada legalmente por Daniel Andrade, pareja de la diputada de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez.
Lo anterior, motivó la renuncia del seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y que la diputada Pérez suspendiera su participación en la Mesa Directiva de la Cámara Baja.
Además, el Gobierno a través del ministro de Vivienda, Carlos Montes, advirtió que están revisando la rendición de gastos y calificó la situación como un “descriterio”. En este sentido, Vallejo también acusó que “efectivamente fue un total y absoluto descriterio político lo que aquí se realizó”.
“Aquí hubo un seremi que asignó un recurso a una fundación cuyo presidente cumplía funciones en el Gobierno y por eso aquí hay responsabilidades políticas que se han asumido, que son graves a propósito del descriterio político”, criticó.
La ministra también indicó que “otra cosa distinta es lo que va a arrojar la investigación que está realizando el Ministerio de Vivienda que tiene que ver con el uso de los recursos públicos, porque eso es algo central”.
“Hay que esclarecer si los usos de los recursos públicos fueron bien utilizados o no para los propósitos que estaban señalados, que es el apoyo y reforzamiento a los campamentos en distintas áreas”, agregó.