Brasil arrecia lucha contra depredación de tierra Yanomami

Las funciones policiales a los miembros de las Fuerzas Armadas que actúan en la tierra de los yanomami constan en un decreto publicado este jueves en el Diario Oficial y firmado por el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, actualmente presidente en ejercicio por la ausencia de Luiz Inácio Lula da Silva.

La medida permite que los militares, que hasta ahora tan sólo ofrecían apoyo logístico a los organismos que actúan en el territorio indígena para atender la emergencia sanitaria, amplíen su actuación y pasen a cumplir funciones policiales en el inmenso resguardo de cerca de 97.000 kilómetros cuadrados ubicado en la Amazonía y fronterizo con Venezuela.

El decreto permite que las Fuerzas Armadas tengan un papel más determinante en el combate a los mineros ilegales, considerados como los principales responsables por la emergencia sanitaria debido a que, además de transmitir enfermedades y de sus ataques armados a los indígenas, han contaminado los ríos con mercurio y devastado parte del territorio habitado por unos 30.000 indígenas.

“Las Fuerzas Armadas intensificarán las acciones preventivas y represivas contra los delitos transfronterizos y ambientales en la región mediante acciones de patrulla, requisas de personas, vehículos, embarcaciones y aeronaves, así como arrestos en flagrante”, informó la Presidencia en un comunicado.

Veinte mil mineros ilegales han provocado una crisis humanitaria

De acuerdo con la nota, actualmente en la operación de apoyo a las acciones para atender la emergencia sanitaria en la reserva participan unos 1.200 soldados, 17 aeronaves militares, un navío de patrulla fluvial y cinco lanchas blindadas.

Hasta ahora su misión ha sido la de colaborar con la Policía Federal en operaciones para expulsar a los cerca de 20.000 mineros ilegales que, se calculaba, actuaban en la tierra de los yanomami hasta diciembre pasado.

El lunes pasado la Policía Federal informó que el territorio yanomami ya está libre de minería ilegal y que las alertas de deforestación vinculadas a la minería en la región cayeron de 19 en abril, a 10 en mayo y a ninguna en la primera quincena de junio.

Lula, que asumió el 1 de enero como presidente, declaró ese mismo día el estado de emergencia en la reserva tras descubrir una gravísima situación humanitaria y sanitaria en la región provocada en parte por la masiva actividad de los mineros ilegales. Según cifras oficiales, al menos 99 niños yanomami murieron en 2022 víctimas de desnutrición, diarrea, malaria y neumonía, enfermedades que avanzaron con la mayor presencia de los invasores.