El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, se refirió por primera vez a los convenios entre la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, que permitió la adjudicación de $426 millones a militantes de Revolución Democrática (RD).
Por dicha situación, la ONG liderada por Daniel Andrade (RD), pareja de la diputada Catalina Pérez, ha sido cuestionada tras obtener la asignación de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales desde la Seremi, encabezada hasta hace poco por el también militante de Revolución Democrática (RD) Carlos Contreras.
Tras darse a conocer este caso que ha sido condenado por el Gobierno, la Contraloría General de la República comenzó a recabar antecedentes del caso por presuntas irregularidades, mientras que el fiscal de Antofagasta, Cristián Aguilar, mandató a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) a indagar posibles tráfico de influencias, fraude al fisco y malversación de caudales públicos.
Sobre esta situación que involucra a militantes de su partido, Jackson aseguró que “más allá de los resultados de la legalidad respecto a estos hechos, es evidente para quienes hemos estado durante tanto tiempo tratando de empujar por estándares más altos en materia de probidad y transparencia, esta es una situación doblemente grave”.
“Por lo tanto, a nivel partidario se deben tomar medidas ejemplares. En ese sentido, ya están en el Tribunal Supremo ambas personas involucradas en el caso, están con una suspensión temporal mientras dura el procedimiento y el Consejo Supremo ha solicitado la expulsión de ambos militantes”, agregó.
El secretario de Estado sostuvo que “esta situación que se ha denunciado es inaceptable” y afirmó que “en estos momentos está siendo investigada por Fiscalía y requiere que tanto el Gobierno como todos los sectores responsables colaboren para que salga una investigación que permita detectar todo tipo de irregularidades, ilegalidades y que sancione a quien deba sancionar sin importar quién sea y qué color político tenga”.
Asimismo, Jackson defendió las gestiones del ministro de Vivienda, Carlos Montes, y de la subsecretaria de la cartera, Tatiana Rojas, y señaló que “tanto el ministro como la subsecretaria activaron todos los protocolos”.