En la tarde del lunes, el presidente Gabriel Boric presentó a los expertos que conformarán la Comisión Ministerial para la Regulación de la Relación entre las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro y el Estado. El órgano asesor impulsado por el Gobierno buscará establecer nuevos parámetros de probidad y transparencia en la entrega de recursos públicos a fundaciones.
“Hemos decidido convocar a un grupo técnico de trabajo de carácter transversal, que aborde de manera seria, profesional y con visión de largo plazo en función del bien común, la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro, ya sean corporaciones o fundaciones con el Estado sobre la base de los principios que deberían inspirar la labor pública: transparencia, eficacia, rendición de cuentas, y entre otros”, agregó la autoridad.
Además, el equipo de especialistas tendrá un plazo de 45 días para poder entregar propuestas en torno a cinco objetivos específicos y está dirigido por María Jaraquemada, directora de Chile Transparente.
El órgano también estará formado por Ramiro Mendoza, excontralor de la República; Valeria Lübbert, secretaria ejecutiva de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia; Jeannette Schiess, miembro del Consejo Fiscal Autónomo (CFA); Francisco Agüero, profesor de Derecho de la Universidad de Chile; e Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica.
Tras la presentación de los integrantes, el mandatario destacó la vocación de los expertos y afirmó que van a contar con todo el apoyo y respaldo del Gobierno para poder realizar su trabajo “con independencia, poniendo todos los antecedentes a disposición”.
“Esta no es una comisión para la foto cuyo informe y recomendaciones que nos entreguen en 45 días más van a quedar guardadas en un cajón llenándose polvo, sino que a mí personalmente y como Gobierno lo que nos interesa es implementar las recomendaciones, tras las discusiones que correspondan en el Congreso, por supuesto, donde va a haber una deliberación de los aspectos que sean materia de ley, pero también en materia administrativa implementar desde ya”, añadió.
En concreto, los primeros dos objetivos de esta comisión serán “identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en la colaboración de las instituciones privadas sin fines de lucro con el Estado” y “proponer mecanismos de fortalecimiento que aseguren una mayor eficacia y transparencia en la vinculación con el Estado, que faciliten el conocimiento de la ciudadanía sobre el uso de los fondos que se entregan a estas entidades”.
Como tercera tarea, el comité deberá “proponer modificaciones a los requisitos de gobernanza, transparencia financiera e integridad de las instituciones, para garantizar el adecuado uso de los recursos públicos”. En cuarto lugar, el equipo tendrá que “revisar los mecanismos de control y rendición de cuentas, así como propuestas para prevenir los conflictos de intereses”.
Asimismo, los expertos deberán “proponer sanciones para el mal uso de los recursos públicos por parte de dichas entidades y de quienes correspondan involucrados en estas faltas”.