Por unanimidad, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó la idea de legislar de un proyecto de ley que modifica el Código Penal, con el objetivo de tipificar el delito de tenencia de celulares u otros elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior.
La propuesta se originó en una moción, la cual se encuentra con calificación de suma urgencia, esto es, 15 días para el trámite.
Según la idea que persigue este texto, tiene como finalidad impedir el alto porcentaje de estafas telefónicas que se hacen desde los recintos penitenciarios.
De acuerdo con datos entregados por el Ministerio de Justicia, Gendarmería de Chile ha registrado un total de 213 denuncias durante el año 2023.
Estas denuncias corresponden, principalmente, a familiares de internos, con 112 casos. Por otro lado, les siguen denuncias a internos, con 23 casos; 15 casos con autor desconocido; 4 contra funcionarios de Gendarmería; y 1 en contra de un abogado.
Al respecto, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, señaló que “el Ejecutivo ha avanzado hacia un modelo que busca impedir las comunicaciones inalámbricas (telefonía, datos móviles o Wifi) no autorizadas”.
Asimismo, explicó que el modelo comprende la licitación del servicio de telefonía de 14 recintos penitenciarios, el que estaría asociado a la inhibición de las comunicaciones inalámbricas.
Cabe señalar que, actualmente, el ingreso de teléfonos a las cárceles es sancionado por el Código Penal y el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios de 1998.
