El ex secretario regional ministerial (SEREMI) de Gobierno en Tarapacá, Diego Arévalo, presentó una querella por injurias y calumnias en contra de autoridades y comilitantes de Comunes que solicitaron su renuncia tras un supuesto caso de violencia de género al interior del Partido en el año 2020.
La acción judicial está interpuesta en contra el concejal de Iquique, Washington Maldonado; el concejal de Alto Hospicio, Víctor Belaunde; la alcaldesa de Camiña, Evelyn Mamani; el concejal de Huara, Carlos Carvajal; y el concejal de Pozo Almonte, Iván Moscoso.
Además del consejero regional Luis Carvajal, la concejala por la comuna de Pica, María Teresa Oxa; el consejero político regional del Partido, Fernando Ossandón y Cristofer Araya, tesorero comunal de Iquique.
Cabe recordar que el pasado 16 de febrero del 2023 y por medio de una declaración pública, un grupo de militantes del Partido Comunes de Tarapacá exigieron la renuncia del entonces seremi de Gobierno, Diego Arévalo, quien logró estar cerca de dos semanas en el cargo y luego dar un paso al costado.
La querella
Según el escrito, el kinesiólogo fue advertido “por diversos mensajes que recibí a mis casillas de mensajería instantánea como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, que he sido involucrado mediante noticias publicadas en medios de comunicación masiva radiales, diarios digitales y plataforma de redes sociales, a saber, Radio Paulina de Iquique, The Clinic, Radio Bio-Bio etc”.
“En dicho contenido noticioso que, comparte un patrón común, se aprecia que informan la noticia a través de la declaración pública emanadas de los querellados que son autoridades públicas y militante del Partido Comunes al cual pertenezco que dice relación con una supuesta condena por violencia de genero hacia mi persona por parte del Tribunal Supremo del Partido Comunes ocurrida está en el año 2020, a mayor precisión, mediante sentencia dictada con fecha 19 de agosto del año 2020”, señala el documento.
Igualmente, la querella se fundamenta en que “el presidente regional del partido comunes señor Daniel González, no se comunica por medio alguno conmigo ni tampoco me informa previamente a dar a conocer a los miembros nacionales y regionales de la declaración pública suscrita por personeros políticos y miembros del partido, masificando su contenido sin siquiera en su calidad de presidente corroborar el contenido de la declaración y contrastarlo con la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de fecha 19 de agosto del año 2023 que no me condena por hechos constitutivos de violencia de género”.
En ese sentido, el escrito indica que “con fecha 16 de febrero del año 2023, misma fecha donde se viraliza la declaración pública en diversos medios de comunicación escrito y en sus respectivos sitios de redes sociales, es que es el propio Tribunal Supremo del partido comunes el que, a través de una declaración pública que será acompaña a esta presentación, desmiente de manera categórica la existencia de una condena impuesta por ellos hacia mi persona por violencia de género, situación que da aún más peso a la interposición de esta acción, pues los querellados sabían a priori que el contenido que estaban plasmando en la declaración pública cuyo objetivo era únicamente hacer que yo renunciara a mi cargo de seremi”.
“Era injurioso y calumnioso toda vez que, como personeros políticos electos en cargos públicos y militantes del partido comunes no podían sino más que saber del contenido de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo con fecha 19 de agosto del año 2019 en el proceso iniciado por denuncia de la señora Gallardo en mi contra”.
Además, la acusación enfatiza en que “la declaración pública contiene hechos tendientes a acusarme de irregularidad de dineros dentro del partido comunes, situación que siquiera existe una denuncia formal por dicha materia siendo ello especialmente grave toda vez que socava mi honra como un hombre activo en el mundo de la política pretendiendo con ello dañar mi honorabilidad y dejando entrever que soy un delincuente que desvía dinero del partido en beneficio propio, cuestión descabellada y que motiva aún más la interposición de esta acción”.
Asimismo, el profesional de la Salud y ex candidato a concejal de Alto Hospicio, solicitó que “los querellados debe ser castigado con una pena de reclusión en su grado medio y condenado a una multa de 20 Unidades Tributarias Mensuales (UTM)”.
