El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, respondió a la acusación constitucional que se tramita en su contra en la Cámara de Diputadas y Diputados, y aseguró que no cumple con los requisitos para ser acogida.
A través de un escrito entregado a su abogado Francisco Cox, el secretario de Estado abordó los siete capítulos que contiene la acción interpuesta, misma que fue suscrita por parlamentarios de Chile Vamos y el Partido de la Gente (PDG) y que está siendo revisada en una comisión.
Uno de los puntos expone que no se han requerido otras herramientas para fiscalizar el actuar del ministro, como la solicitud de oficios, la conformación de comisiones investigadoras o la interpelación.
Según indicó el defensor ninguna de esas acciones han sido interpuestas en contra de Ávila y aseguró que el ministro tampoco “ha cometido hechos graves de infracción o inejecución de la ley o de violación a la Constitución que lo ameriten”.
En la misma línea, se indicó que a Ávila se le estarían imputando aspectos fuera de su competencia, como la gestión de la Junaeb. Sobre esto, el abogado señaló que “en el caso del Mineduc se establece expresamente con la ley que el órgano que ejerce la supervigilancia y la coordinación con organismos públicos con efectos en educación es la subsecretaría de Educación”.
Respecto a las presuntas irregularidades en los contratos suscritos entre la Junaeb y las empresas a cargo de la alimentación, la defensa del titular de Educación sostuvo que “se realizan en el marco de la Ley de Compras del Estado y que no existen cuestionamientos en Contraloría sobre la fórmula aplicada”.
Por otro lado, la oposición sostiene que hay presuntas infracciones en la implementación y ejecución de los programas de educación sexual del ministerio “contraviniendo el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos”. En ese contexto, el abogado sostuvo que las jornadas de educación no sexista o las guías con orientaciones para la comunidad “son voluntarias”.
A propósito del ausentismo y deserción escolar post pandemia, se señaló que descontando subvenciones y gratuidad universitaria, la cartera ha utilizado un 4,8% de su presupuesto para la reactivación educativa y sólo un 0,0057% a educación sexual integral.
Sobre la posible exclusión de estudiantes con discapacidad de la “Política de Educación Inclusiva”, Ávila enumeró actividades, acciones y leyes como la Ley TEA que estarían ayudando a que la discapacidad esté en la agenda del ministerio, además de subsidios focalizados para colegios con estudiantes que tengan necesidades educativas especiales.
En tanto, respecto del séptimo apartado que acusa graves negligencias y falta de ejecución en el proceso de implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), Ávila puntualizó que “es un problema que se arrastra hace años y que la Dirección de Educación Pública (DEP), de la cual dependen los SLEP, es un órgano desconcentrado, lo que rompe la relación jerárquica”.
Cabe mencionar que el 12 de julio será el día en que la Cámara Baja decidirá el futuro del libelo que enfrenta el titular del Mineduc. En caso que la acusación cuente con la aprobación del Senado, Marco Antonio Ávila sería destituido e inhabilitado de ejercer cargos públicos por un plazo de cinco años.