La Sala del Senado aprobó, por unanimidad, el proyecto de ley que permite materializar la reforma constitucional que agiliza las expulsiones administrativas. La iniciativa modifica la ley 21.325 ampliando de 48 horas a 5 días corridos, el plazo máximo de detención de un extranjero con orden de expulsión.
El texto del proyecto precisa que se busca “asegurar la materialización de la expulsión administrativa, permitiendo así que puedan efectuarse todas las actuaciones previas necesarias para que dicha medida, efectivamente pueda practicarse”.
Durante el debate los senadores Esteban Velásquez, Luz Ebensperger, José Miguel Durana y José Miguel Insulza reconocieron que “el actual plazo es insuficiente”, considerando una serie de trámites y logística, como la compra de pasajes al extranjero, el traslado del migrante hacia la capital, verificación de identidad, entre otros.
En este sentido se recordó que “a marzo de este año, estaban pendientes de expulsión más de 20 mil personas, con un elevado costo para el país”.
Además, los parlamentarios advirtieron que la medida debe ir “acompañada de otras normas”, como un “mayor compromiso del gobierno” y la “necesaria colaboración con otros países, para poder llegar, además, por vía terrestre”.
Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que el proyecto “no está incluido en el fast track legislativo acordado en materia de seguridad, pero sí está en el compromiso transversal que se tomó en el mes de enero”.
Cabe precisar que el proyecto busca “asegurar la materialización de la expulsión administrativa” y quedó en condiciones de convertirse en ley. A su vez “da aplicación legal” a la reforma constitucional aprobada en mayo de 2023.