La Policía Nacional de Perú (PNP) triplicó este lunes su personal para la inspección e identificación de personas en el puesto de control de carretera de Pucusana, en la entrada sur a Lima, antes de la gran protesta antigubernamental convocada este miércoles.
El número de efectivos policiales se multiplicó desde los habituales 30 hasta los cerca de 100 agentes que hoy controlan la entrada a la capital con motivo de la marcha antigubernamental bautizada por las autoridades como la “Toma de Lima”, señaló el coronel Jhonny Rodríguez Barbarán, portavoz de la PNP.
“Lo que se busca acá realizar es un servicio de control de identidad de las personas que vienen e ingresan a la ciudad de Lima”, explicó el alto oficial, quien subrayó que este proceso se hace bajo el “estricto” respeto de los derechos humanos y dentro del marco legal.
“De forma aleatoria, (a) los buses se (les) está solicitando, dentro del marco legal, la documentación”, detalla el portavoz de la PNP, mientras más de una decena de agentes paran furgonetas, camiones y autobuses que llegan de Ica, Ayacucho y otros departamentos del sur de Perú.
Los agentes, según pudo constatar EFE, accedían a los autobuses para solicitar y anotar los datos de los documentos de identidad de algunos pasajeros que ingresaban a la capital.
Convocatoria de nuevas protestas
Pese a los anuncios de los promotores de la marcha que aseguran que la llegada de manifestantes del interior del país será en número muy parecido a las primeras protestas, los agentes señalan que el flujo de personas que viajan a Lima se mantiene “estable” respecto a fechas anteriores.
El representante de la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP) y uno de los promotores de la marcha, Jorge Pizarro, manifestó el pasado viernes que las movilizaciones serán “equivalentes o mayores” a las vividas en los primeros meses del año.
Explicó durante la rueda de prensa de la Coordinadora Nacional Unitaria (CNUL) que la movilización de las provincias será similar a las marchas de diciembre, enero y febrero, pero subrayó mejor organización sindical que hay en Lima de cara al 19 de julio.
Al igual que en las protestas de diciembre, enero y febrero, los convocantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, y de todo su Gobierno, el cierre del Congreso y la convocatoria de una asamblea constituyente para una nueva constitución.
Además, solicitaron la liberación de todos los que consideran “presos políticos” detenidos desde diciembre hasta la actualidad, y aunque no especificaron el número total, sí señalaron que el expresidente Pedro Castillo es uno de ellos.
El coronel saludó la labor de control de la Policía, la cual detuvo a 25 personas requeridas por la justicia, ninguna de ellas por motivo de las manifestaciones, e incautó cuatro kilogramos de oro provenientes de la minería informal.
