El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, criticó el “téngase presente” que interpuso en el Tribunal Constitucional la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que reúne al gran empresariado del país, contra la recientemente aprobada ley que sistematiza y penaliza los delitos económicos y atentados contra el medioambiente.
Cabe recordar que la CPC acusa que la normativa establece un régimen punitivo para personas que tienen cargos de alta responsabilidad, además, interpretan que la ley “podría tener impactos significativos en la actividad empresarial” e instalaría un estándar jurídico distinto para directivos y gerentes de empresas, presuntamente alejándose del principio de igualdad ante la ley. Además, a esta postura se sumó la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).
Ante estos planteamientos, el secretario de Estado destacó que la normativa “fue un proyecto que se tramitó durante cuatro años” y que “tiene una sólida conformación técnica desde el punto de vista penal”.
En este sentido, Cordero indicó que “existen desafíos de implementación” para la ley, pero la afirmación sobre las cuales descansa la presentación tanto de la CPC como de la Sofofa “están construidos sobre argumentos frágiles, son jurídicamente débiles”.
El ministro hizo un llamado de atención a los privados, particularmente los que están organizados en torno a la CPC, a que consideren que para “cada reforma importante” no pueden terminar recurriendo “siempre al mismo argumento, de que va a afectar la inversión, porque de tanto repetirlo, al final se diluye en el tiempo”.
En este escenario, un grupo de senadores de diversos partidos políticos acudirá al Tribunal Constitucional para respaldar la despachada iniciativa denominada ley contra delitos “de cuello y corbata” que está inspirada en numerosos casos empresariales de los últimos años.