El Gobierno busca presentar un proyecto de reforma a la Ley Antiterrorista con el objetivo de sancionar a organizaciones que se armen para cometer delitos. La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, destacó que el corazón de esta iniciativa es acabar con la necesidad de demostrar el ánimo de la persona que cometió el acto terrorista, lo cual actualmente resulta complicado.
El presidente Gabriel Boric encabezó una reunión en el Palacio de La Moneda, donde participaron destacadas autoridades, como el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma; el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ricardo Cifuentes; el Fiscal Nacional; Ángel Valencia; el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez; el Director General de la PDI, Sergio Muñoz; el Director de la ANI, Luis Marcó.
La iniciativa se impulsó luego de los tres atentados seguidos que ocurrieron en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío. Aunque aún se están recogiendo observaciones y no se han dado detalles precisos del proyecto, la ministra resaltó que ya existe acuerdo en la necesidad de reformar la actual legislación para facilitar la sanción de organizaciones que se dedican a cometer delitos y que puedan ser considerados actos terroristas.
Tohá señaló que este enfoque se encuentra “vinculado de alguna manera” con el crimen organizado, ya que la actual normativa de esta última materia “persigue la creación de organizaciones que tienen por objeto cometer estos actos. Y estos actos son mucho más claros en su definición y, por lo tanto, no enfrenta las dificultades que hoy se dan para demostrarlo en los tribunales.
El objetivo del Ejecutivo con el proyecto es acoplarse “a todo lo que avanzamos con la Ley contra el crimen organizado que desarrolló una serie de herramientas investigativas, que son como de nueva generación, mucho más avanzadas, de las que tenía la Ley Antiterrorista que nos ha regido todo este tiempo”, aseguró la secretaria de Estado.
