Tras revisar 34 acuerdos entre reparticiones públicas y fundaciones, la Contraloría General de la República (CGR) declaró ilegal 29 contratos equivalentes a $13 mil millones en recursos públicos. Esto a raíz de las indagaciones por el llamado caso convenios.
En concreto, se determinó que estos convenios no cumplen con las disposiciones legales ni con los estándares requeridos por el organismo. Se trata de acuerdos que fueron suscritos en 2023 y cuyo monto total alcanza los $13 mil millones. Además, las tomas de razón habían sido congeladas por el ente regulador el pasado 29 de junio.
Asimismo, uno de los motivos por los cuales se declaró la ilegalidad de los convenios, tiene relación con que las fundaciones presentan giros “demasiado amplios”. En ese sentido, Contraloría advirtió que algunas ONG dicen estar dedicadas a “ayudar al prójimo”, lo que deja mucho espacio para la interpretación.
Junto a las referencias genéricas, el ente regulador también objetó la “falta de claridad de los ítems de gastos”, lo cual es especialmente delicado considerando que su financiamiento proviene de recursos públicos.
Por otro lado, el organismo constató la “inexistencia del registro de personas jurídicas receptoras” de los fondos transferidos. Con esta declaración de ilegalidad, los convenios son anulados y en caso que las partes quieran volver a firmar un acuerdo, deberán iniciar un nuevo proceso de toma de razón.