El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renzo Trisotti, presentó un oficio ante la Contraloría General de la República y la Contraloría Regional, solicitando un procedimiento de Fiscalización y una auditoría en contra de la Delegación Presidencial de Tarapacá. El propósito de esta solicitud es investigar la justificación detrás de una orden de compra efectuada en julio de 2023, destinada a la adquisición de alimentos para migrantes que habrían sido entregados en marzo del mismo año por un monto de $751 millones.
El parlamentario por Tarapacá expresó sus inquietudes respecto a esta orden de compra, ya que se habría realizado seis meses después de la supuesta urgencia para la entrega de alimentos. Con el objetivo de aclarar los hechos y asegurar el adecuado uso de los recursos públicos, se busca llevar a cabo una revisión exhaustiva de la justificación técnica detrás de la transacción y verificar si existieron licitaciones o contratos relacionados con la adquisición de alimentos.
En el oficio dirigido a la Contraloría General de la República y la Contraloría Regional, el diputado solicita información sobre la existencia de una licitación pública con contratos, concursos y documentación contable de respaldo en relación con la adquisición de alimentos para migrantes. En caso de no haberse realizado una licitación pública, se busca obtener una explicación detallada y fundamentada sobre las razones técnicas que llevaron a la elección de un trato directo, a pesar de contar con tiempo suficiente para llevar a cabo el proceso licitatorio.
Además, se busca esclarecer por qué la orden de compra se incluyó desde marzo de 2023 si los recursos se transfirieron en julio de 2023. Para ello, se requerirá información sobre si los servicios se prestaron sin contrato alguno, o si, por el contrario, existió un contrato o convenio con cláusulas, formas, plazos, condiciones y garantías especificadas.
Por su parte, la Delegación Presidencial de Tarapacá había explicado previamente que la contratación de servicios de alimentación para migrantes en el dispositivo Transitorio Playa Lobito se realizó en respuesta a alertas recibidas acerca de la deficiente calidad del servicio. En colaboración con la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud, se llevaron a cabo gestiones para abordar esta problemática.
Para llevar a cabo la contratación, el delegado presidencial regional envió una justificación técnica al Subsecretario del Interior mediante el oficio Nº 289 del 13 de marzo de 2023, centrada en el cambio de proveedor que prestaba el servicio de suministro de alimentos para la población migrante en el dispositivo transitorio Playa Lobito.
La Subsecretaría del Interior autorizó la mencionada transferencia tras revisar los antecedentes presentados y se consideraron valores específicos por cada ración de alimentación en función de la capacidad del dispositivo. Con una cantidad máxima de cupos de 300 personas, se asignó un valor diario de alimentación por persona de $13.923. Así, se obtuvieron los siguientes montos: valor diario por capacidad máxima: $4.176.900, valor mensual por capacidad máxima: $125.307.000, monto total solicitado: $751.842.000.
El proveedor de servicios, identificado como Orizimbo Robledo Castro, fue descrito por la Delegación Presidencial Regional como una persona con experiencia reconocida en el rubro y quien se ofreció voluntariamente para solucionar la problemática de la alimentación en el dispositivo Transitorio Playa Lobito.
La Contraloría General de la República y la Contraloría Regional serán las encargadas de llevar a cabo la fiscalización y auditoría solicitadas por el diputado Trisotti, con el fin de esclarecer los aspectos cuestionados y garantizar la transparencia y adecuado uso de los recursos públicos destinados a la asistencia de migrantes en la región de Tarapacá.
