El objetivo es “evitar la salida de pandilleros del departamento y cortar todas las líneas de suministro de los grupos terroristas”, según dijo el martes el mandatario salvadoreño en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.
Las autoridades de El Salvador han detenido a más de 70.000 presuntos miembros de bandas criminales desde marzo de 2022, cuando se declaró el estado de emergencia luego de un aumento en los asesinatos relacionados con las pandillas salvadoreñas.
Desde que el gobierno de El Salvador comenzó su “guerra contra las pandillas”, se han reportado casos de personas sin vínculos evidentes con las llamadas maras que se han visto atrapadas en los diferentes operativos y han terminado en prisión.
Además, una serie de garantías están suspendidas y existen numerosas denuncias de graves atropellos a los derechos humanos, desde arrestos arbitrarios y torturas hasta muertes bajo la custodia del Estado.
Este es el quinto cerco militar de seguridad que implementa el gobierno salvadoreño, aunque el primero que abarca más de un municipio.
En diciembre del año pasado, Bukele mandó a rodear la tercera ciudad más grande de El Salvador con 10.000 soldados y policías con el objetivo de “sacar a pandilleros”.
La causa de este más reciente es que el domingo dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resultaron heridos de bala en uno de los municipios de la rural Cabañas, en Ilobasco, a 60 kilómetros al noreste de la capital, cuando presuntos pandilleros emboscaron a una patrulla de las fuerzas de seguridad.
En otra publicación en X este martes, Bukele aseguró que Cabañas “se ha convertido en el lugar con mayor número de células terroristas, que han llegado ahí buscando sus áreas rurales para ocultarse”.
En junio de 2022, el gobierno desmanteló varios campamentos clandestinos en el mismo departamento. De acuerdo con las autoridades, eran utilizados por presuntos miembros de la MS-13, una de las principales pandillas del país, para esconderse, aunque hasta la fecha no se ha reportado ninguna detención relacionada con ello.
Más de 1.100 km² cercados
El presidente salvadoreño destacó que no levantará el cerco hasta que no sean apresados ”todos los delincuentes”.
Al mismo tiempo, instó a los residentes locales a mantener la calma y continuar con sus actividades cotidianas.
Cabañas es una región mayormente agrícola en la que viven más de 160.000 personas.
“Los más de 1.100 km² de Cabañas están cercados. Los terroristas van a enfrentar la justicia”, afirmó en un tuit la PNC de El Salvador.
Según informó la agencia de noticias AFP, este martes los habitantes de Tejutepeque e Ilobaso, dos localidades del departamento de Cabañas, vieron pasar por sus calles camiones repletos de militares.
Varias fuentes locales consultadas por BBC Mundo confirman que, aunque no está delimitado dónde comienza y termina el cerco en cuestión, hay retenes en todas las carreteras que conectan la cabecera departamental, Sensuntepeque, y el resto de los municipios del departamento.
“Ya a primera hora del martes empezamos a ver llegar camiones con militares y desde entonces hay una enorme presencia de soldados, que también han solicitado el uso de locales comunitarios para poder instalarse”, le dice a BBC Mundo Leo Rivas, líder comunitario de Santa Marta, un cantón de Ciudad Victoria, en el extremo norte del departamento, colindante con Honduras.
El ministro de Defensa, René Merino Monroy, insistió en que el “objetivo (del operativo) es la captura de los remanentes que quedan del programa Cabañas de la Mara Salvatrucha”.
“Se mueven por algunas zonas del municipio de Cabañas. Tenemos 7.000 soldados desplegados en total y se ha establecido un perímetro”, añadió.
“Sacarlos de sus escondites”
Según Bukele, las estrategias de seguridad de su gobierno han logrado desmantelar a las pandillas en los grandes centros urbanos del país y las obligó a esconderse en las zonas rurales.
Precisó que esta nueva operación tiene como objetivo “rodearlos por completo” y “sacarlos de sus escondites”.
Además, agregó que “la población honrada, visitantes y turistas no tienen nada que temer. La seguridad está garantizada”.
Sin embargo, el mandatario, de gran popularidad por su política de mano dura, no aclaró cómo las fuerzas de seguridad distinguirían a unos de otros.
Numerosos grupos de defensa de derechos humanos han sido críticos con los arrestos masivos llevados a cabo bajo el estado de emergencia y afirman que miles de personas han sido detenidas arbitrariamente.
Más recientemente, muchos activistas expresaron su preocupación luego de que el ministro de Justicia salvadoreño dijera que hasta 900 presuntos pandilleros podrían ser procesados a la vez bajo una nueva legislación aprobada a mediados de julio.
El arzobispo de San Salvador y presidente de la Conferencia Episcopal de El Salvador, José Luis Escobar Alas, pidió que se tome en cuenta la presunción de inocencia de los detenidos.
“Lo que sí pediremos siempre es que, sea el juicio en grupo o individual, se favorezca la inocencia. Se luche todo lo que se pueda para que los inocentes salgan pronto”.
