Este lunes 7 de agosto el Diario Oficial publicó la ley Nº 21.590 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que amplía el plazo de privación de libertad para la materialización de las expulsiones administrativas.
La iniciativa fue despachada a ley por el Senado en julio pasado y modifica la Ley 21.325 de Migración y Extranjería ampliando de 48 horas a 5 días corridos el plazo máximo de detención de un extranjero con orden de expulsión.
El texto del proyecto precisa que se busca “asegurar la materialización de la expulsión administrativa, permitiendo así que puedan efectuarse todas las actuaciones previas necesarias para que dicha medida, efectivamente pueda practicarse”.
Según estaba estipulado anteriormente, el plazo fijado para la ejecución de la medida de expulsión es insuficiente porque dificulta de manera importante la ejecución de dicha medida en la mayoría de los casos, obstaculizando el cumplimiento de la legislación migratoria en materia de expulsiones administrativas.
Por eso, se modifica la normativa vigente a fin de que la Ley Nº 21.325 establezca un plazo que sea compatible con la materialización efectiva de la medida de expulsión administrativa, teniendo en consideración las actuaciones previas necesarias que deben realizarse para que se ejecute la expulsión en cuestión. En este sentido, la ley amplía el plazo de cuarenta y ocho horas a cinco días corridos.