El Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte acogió la querella que CGE interpuso en contra de quienes resulten responsables por el millonario robo de 2 mil metros de cable de cobre que ocurrió durante la madrugada del domingo 9 de julio y que afectó al servicio eléctrico a 2.500 clientes de las localidades de Pica, Matilla y La Huayca.
En la querella. CGE entregó los antecedentes que posee la compañía en este caso y solicitó al Ministerio Público efectuar una investigación destinada a identificar a las personas que cometieron el delito de sustracción, como también a determinar el destino y reducción del conductor de cobre que ha sido robado desde las redes eléctricas.
Según señala la querella, los hechos ocurridos este año tienen coincidencias y similitudes que apuntan a una misma forma de actuar: los robos se realizan siempre de madrugada, en sectores despoblados y lejos de testigos; se derriban postes para acceder al cable de cobre con mayor facilidad, se utilizan maquinarias pesadas y vehículos o camiones para transportar el material robado, que pesa toneladas. Estas características sugieren que se trata de bandas expertas, asociadas para cometer delitos, organizadas jerárquicamente y con órdenes claras, lo que podría configurar asimismo la figura de asociación ilícita.
La querella solicita al Ministerio Público que investigue si todos los hechos que han afectado a CGE y sus clientes durante el 2023 se encuentran relacionados, y si corresponden a una misma organización criminal, que permita agravar la responsabilidad de los responsables por asociación ilícita, como delitos cometidos por el crimen organizado.
Asimismo, la querella pide que se instruya a la Policía de Investigaciones de Chile para que se constituya en el sitio del suceso, empadrone y tome declaraciones a los posibles testigos, identifique y localice a los presuntos autores, y busque lugares que puedan servir de acopio o venta del material robado. También solicita que se oficie al Servicio de Impuestos Internos (SII) y al Servicio Nacional de Aduanas para que informen sobre las empresas dedicadas a la “chatarrería”, fundición, tratamiento o reciclaje de objetos, artículos, piezas o desechos de cobre u otros metales en la Región de Tarapacá.
Este tipo de delito no solo afecta a las instalaciones eléctricas, sino que también tiene lamentables consecuencias para la calidad de vida de las personas. Por lo mismo la empresa hace un llamado a la comunidad a denunciar cualquier intervención no autorizada en las instalaciones de la red eléctrica. Para ello está disponible el fono 800 800 767 o en la casilla atenciónclientes@cge.cl.