Desde el Palacio de La Moneda, el presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia de entrega del Informe de la Comisión para Relación entre Fundaciones y Corporaciones con el Estado. La instancia fue conformada tras conocerse el “Caso Convenios” con el objetivo de “seguir profundizando la agenda de probidad y transparencia del Gobierno”.
“Nos estamos haciendo cargo en conjunto, como Estado, de fortalecer la capacidad del Estado de prevenir y combatir la corrupción”, señaló el mandatario tras recibir el informe.
Al respecto, el mandatario afirmó que la “creación de esta comisión nace no sólo como una respuesta a la contingencia, sino que también de una convicción muy profunda de la importancia que tiene la sociedad civil para una sociedad más cohesionada”.
“El fundamento de la comisión es combatir la corrupción, pero por sobre todo cuidar la democracia (…) si las personas desconfían de las instituciones se daña la cohesión social y cada peso que se desvía significa reducir las capacidades del Estado para responder a las necesidades de la ciudadanía”, agregó.
La comisión estuvo compuesta por cinco profesionales y fue presidida por la abogada María Jaraquemada, y su principal tarea era identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades en la colaboración de las fundaciones con el Estado y proponer mecanismos de fortalecimiento que aseguren una mayor eficacia y transparencia en la vinculación entre ambas partes.
“Luego de apegarnos a los 45 días de plazo establecidos, la comisión generó una hoja de ruta, proponiendo al Presidente incorporar en su mandato 46 medidas concretas para mejorar la regulación y relación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro”, puntualizó Jaraquemada tras entregar el informe al Presidente.
En concreto, la comisión definió 46 medidas que permitirán regular la relación entre el Estado e instituciones privadas sin fines de lucro. Entre las propuesta se encuentran la rendición de cuentas, gobernanza, supervisión de las transferencias de recursos públicos y fomentar la innovación y el impacto social positivo que generan las instituciones privadas sin fines de lucro.
La comisión de expertos para la probidad y transparencia en corporaciones y fundaciones, fue un grupo técnico de trabajo de carácter transversal que abordó la relación entre las organizaciones privadas sin fines de lucro y el Estado.
La instancia comenzó a funcionar de forma preliminar el 7 de julio y desde la publicación en el Diario Oficial del Decreto que la creó, su labor se extendió por 45 días consecutivos, hasta el 26 de agosto.
Durante los 45 días que duró la comisión se llevaron a cabo 30 sesiones ordinarias y extraordinarias, en las que expusieron 42 representantes de organizaciones sociales, de la academia, de organismos del Estado y organismos internacionales.
El equipo de trabajo ad honorem funcionó al alero del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la que le prestó el apoyo administrativo para su adecuado funcionamiento, oficiando como secretaría ejecutiva de dicha instancia Valeria Lübbert Alvarez, secretaria ejecutiva de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia de dicha cartera.