La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó durante el martes, casi sin cambios, el proyecto de ley de usurpaciones. Ahora, el trámite continúa en el Senado casi en las mismas condiciones en las que fue presentado.
La iniciativa busca regular la ocupación ilegal de inmuebles, aumentando las sanciones de estos delitos, fijando nuevas penas e incorporando mecanismos más eficientes de restitución.
Cabe mencionar que el Gobierno se había desmarcado del proyecto, ingresando una serie de indicaciones y solicitudes de votaciones separadas. Además advirtió que la normativa presentada la Comisión de Seguridad Ciudadana podría permitir la “autotutela”, es decir, que las personas dueñas, o que se sientan dueñas, de un terreno o inmueble tomado, puedan por la fuerza recuperarlo.
Tras ser aprobado en la Cámara Baja, la ministra del Interior, Carolina Tohá, advirtió que en la normativa “no solo se presume la concurrencia de los requisitos, sino que habilita causar cualquier daño al autor del delito: esa es la legítima defensa privilegiada. O sea, aquí se puede actuar en cualquier plazo, recurrir a terceros y causar cualquier daño”.
“Estamos haciendo un esfuerzo para tener una ley que proteja a las personas a quienes le usurpen sus bienes, pero hagámoslo con las herramientas del derecho, no del salvajismo“, sostuvo la secretaria de Estado.
Durante el debate, el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, indicó que “la legítima defensa privilegiada vuelve a imponer la fuerza del más fuerte, y lo único que va a producir es un enfrentamiento inevitable y sangriento entre particulares, y eso es lo que el Estado tiene que evitar”.
La propuesta fue visada de todas maneras, y el Gobierno sólo consiguió que se aprobara que no se pueda detener a personas que formen parte del registro de campamentos del Ministerio de Vivienda, vigente al 1 de marzo de 2024.