La Fiscalía Nacional Económica y la Asociación Gremial de Productores de Huevos de Chile sometieron a la aprobación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia un acuerdo extrajudicial que pone término a una investigación en la que la FNE detectó la diseminación de información comercial sensible entre actores del rubro.
De acuerdo con los antecedentes recabados por la Fiscalía, la asociación gremial participó en la recolección de información comercialmente sensible de algunos de sus miembros y realizó gestiones para que ésta estuviera disponible para los productores de huevos, y para el mercado en general, principalmente a través de la Revista del Campo del diario El Mercurio. Estos hechos cesaron el año 2018.
Además, la Fiscalía Nacional Económica constató que hasta el año 2020 las empresas productoras de huevos debían pagar anualmente a la asociación una cuota, que se fijaba de acuerdo con la adquisición anual de pollitas ponedoras que realizaba cada productor, y para lo cual se solicitaba a las empresas incubadoras que reportasen anualmente las ventas de pollitas realizadas a las empresas productoras, tanto asociadas como no asociadas.
En el acuerdo, la asociación admitió los hechos constatados por la Fiscalía Nacional Económica y se comprometió a pagar 1.150 Unidades Tributarias Anuales a beneficio fiscal, equivalentes a poco más de 1 millón de dólares, y a adoptar una serie de medidas para resguardar la libre competencia en el mercado de producción y comercialización de huevos y productos asociados.
Entre los compromisos se cuentan no volver a incurrir en los hechos señalados, ciñéndose a la ley, a los lineamientos de la Guía de Asociaciones Gremiales de la Fiscalía Nacional Económica y a los pronunciamientos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de la Corte Suprema en la materia.
Asimismo, mantendrán un sistema de determinación de cuotas sociales que no requiera acceder a datos desagregados de producción de las empresas asociadas o a cualquier información comercialmente sensible cuyo conocimiento pueda influir en el comportamiento competitivo de sus miembros.
La asociación gremial también deberá contratar una asesoría especializada en libre competencia para revisar y, si fuera necesario, adecuar sus estatutos y demás instrumentos a las normas del DL 211 y, además, tendrá que implementar un programa de cumplimiento que satisfaga los requisitos establecidos en la Guía de Programas de cumplimiento de la Fiscalía Nacional Económica.