Los ministros de la Corte de Apelaciones de Arica se reunieron en un pleno el pasado viernes 15 de septiembre, en donde de manera extraordinaria ordenaron la apertura de una investigación administrativa en contra del magistrado del Juzgado de Garantía de la comuna, Héctor Barraza.
Esta investigación busca esclarecer la forma en que se desarrolló la audiencia del miércoles 13 de septiembre, en la que el juez penal accedió a la solicitud de la defensas de entregar la identidad de los testigos reservados, agentes encubiertos y víctima protegidas que figuran en la acusación en el marco de la causa en contra del denominado Clan “Los Gallegos”, brazo operativo con el “Tren de Aragua”.
Claudia Arenas, presidenta de la Corte de Apelaciones de Arica, manifestó que “al mismo tiempo se ordenó al Comité de Jueces del Juzgado de Garantía para que, en el uso de sus facultades, determine si abre una investigación administrativa a los funcionarios y al administrador del tribunal”.
Además agregó que esto sería “para determinar si hubo algún tipo de responsabilidad o infracción en la forma en que se cumplió la resolución dictada por el juez Barraza que autorizaba el acceso a las defensas al nombres de los testigos protegidos o agentes encubiertos”.
Ordenan a defensores penales públicos entrega de información reservada
Por otro lado, el Juzgado de Garantía de Arica ordenó a los abogados de la banda criminal “Los Gallegos”, devolver de forma inmediata la información de los testigos protegidos del Ministerio Públicos. El tribunal les otorgó un plazo de 24 horas para dar cumplimiento.
“Se ordena a los defensores penales públicos Rodrigo Torres Díaz, Ginger Riffo Gaete, Violeta Álvarez Ramírez y Renato Moscoso Lucero, hagan devolución de forma inmediata de los antecedentes entregados por el jefe de servicios de este tribunal, el miércoles 13 de septiembre del presente año (…) entrega que deberán realizar personalmente a la ministra de Fe de este Tribunal, quien deberá registrar la respectiva firma, fecha y hora de entrega”, sostiene la resolución del tribunal.
Postura del Gobierno
El ministro de Justicia, Luis Cordero, manifestó que la Constitución faculta para que el presidente de la República pueda velar por la conducta ministerial de los jueces “es una atribución genérica. El Ministerio de Justicia, que de conformidad a la ley se vincula con el Poder Judicial, esta mañana por instrucción del presidente hemos remitido a la Corte Suprema los antecedentes que disponemos sobre la decisión del juez”.