El Poder Judicial recibió más de 3 mil millones de pesos que formaban parte de los dineros incautados a Augusto Pinochet Ugarte en agosto de 2004, en el marco de la investigación del denominado “Caso Riggs”.
Lo anterior se produjo luego que fueran liquidados tres depósitos a plazo que permanecían en una institución bancaria y que no fueron reclamados por los hijos del fallecido dictador.
Según consignó el diario El Mercurio, aproximadamente 3,3 millones de dólares fueron depositados en la cuenta corriente de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) dado que los herederos de Pinochet no reclamaron, en el plazo de seis meses que indica la ley, los fondos que no fueron parte del comiso ordenado por la Corte Suprema en 2018.
Además, en dicho año, la Sala Penal del máximo tribunal dispuso que la familia Pinochet traspasara al fisco US$1,6 millones y se determinó que los herederos del dictador eran “terceros responsables” y, a su vez, que este “incurrió en conductas que importaron la sustracción de caudales públicos”.
Tras esta situación, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó al ministro del tribunal de alzada capitalino, Guillermo de la Barra, poner a disposición de la Corporación Administrativa los dineros de Pinochet que fueron retenidos en el tribunal.
Esta petición fue aceptada por De la Barra a comienzos de 2020, incluso el juez sostuvo en esa ocasión que “el saldo de dinero incautado, que no fue objeto de comiso, nunca fue reclamado en el plazo de seis meses por ninguna persona y, por lo tanto, se dispuso su entrega a la CAPJ”.
Cabe mencionar que la sentencia quedó ejecutoriada a fines de agosto de 2022, sin embargo, no se había podido materializar, debido a que el dinero estaba con medidas precautorias que decretó el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, ante una demanda que presentó el CDE.