La Corte de Apelaciones de Iquique rechazó los recursos deducidos por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la parte demandante, en contra de la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización de perjuicios por falta de servicios a la familia de José Vergara, quien fue detenido en 2015 por cuatro carabineros por un supuesto caso de violencia intrafamiliar, siendo abandonado en el desierto de Alto Hospicio desde una patrulla. El joven se encuentra desaparecido desde entonces.
En el fallo, la sala del tribunal de alzada descartó motivos para revocar el fallo, confirmando el pago de $110.000.000 millones a los familiares del joven desaparecido, hecho por el cual fueron condenados cuatro funcionarios de Carabineros en 2018.
“Precisados los elementos fácticos sobre los que recae la presente acción civil de falta de servicio, corresponde señalar que no existe motivo para revocar la sentencia como lo ha pedido el Fisco de Chile”, establece el fallo.
Los magistrados cuestionaron “que en la causa de naturaleza penal el Fisco de Chile haya adherido a la acusación fiscal por secuestro calificado y por falsificación y uso malicioso de instrumento público falso”.
Además, criticaron que el CDE “hoy pretenda sostener que los funcionarios de Carabineros no incurrieron en una falta de servicio”, considerando que “más allá de las características de salud mental de la persona, del tiempo que permaneció en el carro policial, y del obrar posterior de los funcionarios de Carabineros, aquel, a petición de la pareja de su padre, fue sacado de su domicilio, subido a un carro policial, pero no fue puesto a disposición de autoridad alguna, dejándolo en un lugar apartado de Alto Hospicio, sin que hasta la fecha alguien lo haya encontrado”.
En cuanto al recurso de la parte demandada, la sala del tribunal determinó que esta “no resiste análisis porque todas las probanzas que en su opinión la sentenciadora no consideró sí fueron examinadas, basta leer el fallo para corroborarlo”.
Detenido desaparecido en democracia
El caso se remonta al 13 de septiembre de 2015, cuando 4 expolicías concurrieron hasta el domicilio de José Vergara, ubicado en la Población La Tortuga de la comuna de Alto Hospicio. En la dependencia, el joven se encontraba en crisis producto de la enfermedad mental de esquizofrenia.
En en lugar, el cabo primero Carlos Valencia, el cabo segundo Ángelo Muñoz y los suboficiales Abraham Caro y Manuel Carvajal, sacaron a José Vergara de su hogar, subiéndolo a un carro policial, siendo trasladado esposado sin que hasta la fecha se tengan noticias sobre su paradero.
Tras su detención el joven no retornó al hogar, por lo que su familia presentó una denuncia por presunta desgracia en Carabineros. Pese a la intensa búsqueda de su hermana y sus padres, no se han encontrado rastros de su ubicación.
Hasta ahora la única pista es la información proporcionada por los cuatro exfuncionarios de la Tercera Comisaría de Alto Hospicio que estuvieron a cargo del procedimiento, quienes fueron dados de baja luego de reconocer que abandonaron a José Vergara en el sector de Caleta Buena.
En el inicio de la investigación penal, los policías implicados confesaron que abandonaron al joven en el desierto, en un sitio eriazo camino a dicha caleta, evidenciando con este caso una práctica denominada como “machetazo” o “dos corto”, procedimiento policial por el que se saltan los conductos regulares del procedimiento de Carabineros y abandonan a los detenidos en sitios eriazos del desierto, para evitar el papeleo y explicaciones que origina una detención irregular.
En la audiencia de preparación de juicio oral de 2017, la entonces fiscal a cargo del caso, Virginia Aravena, dijo que “esta es la única causa en Chile por una desaparición forzada de una persona por agentes del Estado ocurrida en democracia, que tiene personas formalizadas y acusadas por estos hechos”.
“Es una causa relevante para el país y referente a una vulneración grave de los derechos humanos, que exige no sólo nuestra obligación de investigar, sino también el derecho a que se conozca la verdad de los mismos, y es por ello que es necesario que toda la prueba sea presentada en el juicio oral”, alegó la fiscal en dicha oportunidad.
Excarabineros están en libertad
En abril de 2018 y a tres años de la desaparición de José, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Iquique condenó a los carabineros como autores del delito de detención ilegal con una pena de tres años de cárcel.
Sin embargo, la Corte Suprema anuló la decisión tomada por las justicia, dando paso a un segundo juicio, donde el mismo tribunal sentenció a cuatro años de presidio con beneficio de libertad vigilada a los excarabineros. En esta ocasión, los magistrados condenaron a los expolicías por secuestro simple (no calificado) y descartaron el delito de detención ilegal.
De este modo, el tribunal les concedió el beneficio de libertad vigilada intensiva, y además les contabilizó los años que ya estuvieron en prisión preventiva por el período en que se extendió la investigación, por lo que todos salieron en libertad debido a las bajas penas.
Con estos precedentes, el 15 de mayo del 2019 se ingresó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a que no se aplicó la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, la cual está vigente desde el 2010 en el país.
Así, el martes 12 de septiembre, la CIDH notificó al abogado de la familia, Enzo Morales, que decidió acoger a tramitación la denuncia, por lo cual notificó al Gobierno de Chile para que en un plazo de tres meses presente sus descargos de las acusaciones.