El Pleno del Consejo se pronunció sobre los Capítulos IX de Ministerio Público y X de Justicia Electoral y Servicio Electoral. Lo anterior, en medio de una etapa clave para el proceso constitucional, donde se espera que esta semana el órgano termine de despachar los capítulos de la propuesta de la nueva constitución.
En particular, destacó la aprobación por 48 votos a favor y dos en contra del artículo 176, que crea una Fiscalía Supraterritorial, la cual apunta, por ejemplo, al seguimiento de causas sobre crimen organizado.
Según señala la norma, “existirá una Fiscalía Supraterritorial, con competencia a nivel nacional, al cual le corresponderá el ejercicio de las funciones y atribuciones del Ministerio Público en los delitos de crimen organizado y aquellos de alta complejidad. La organización de la Fiscalía Supraterritorial y los delitos que esta persiga serán determinados por el Fiscal Nacional, de acuerdo a la ley institucional, habiendo oído previamente al Consejo de Coordinación Interinstitucional”.
Asimismo, plantea que el órgano será liderado por un fiscal supraterritorial, quien durará ocho años en el cargo y que “en el ejercicio de sus atribuciones, la Fiscalía Supraterritorial deberá actuar de manera coordinada con las Fiscalías Regionales. Las contiendas de competencias que se susciten entre entre estas últimas y la Fiscalía Supraterritorial serán resueltas por el Fiscal Nacional”.
Por otro lado, en la jornada se visó el artículo 180, que apunta a la creación de un Consejo de Coordinación Interinstitucional, que estará presidido por el fiscal nacional y cuya función “será colaborar con el Ministerio Público en la coordinación de las actuaciones de los órganos que intervienen en la investigación de los hechos constitutivos de delito”.
La consejera de Convergencia Social e integrante de la comisión de Función Jurisdiccional, María Pardo, manifestó su apoyo a esta última normativa, pese a sus reparos iniciales y señaló que “la seguridad es una preocupación de toda la ciudadanía hoy día, es una preocupación transversal que no tiene color político de izquierda o de derecha y, por lo mismo, es tan importante el rol que toma el Ministerio Público a este respecto”.
En una evaluación contraria, el consejero del Partido Comunista (PC), Fernando Viveros, manifestó sus reparos, debido a un eventual riesgo en la autonomía del Ministerio Público y explicó que “si se incluye un Consejo Coordinador tiene como defecto en la práctica que el Ejecutivo se involucre en la dirección de la política criminal que lleva el fiscal nacional, afectando su autonomía y, al mismo tiempo, diluyendo la responsabilidad”.
“Cuando el Consejo Coordinador, integrado por miembros del Ejecutivo se involucra en la persecución penal, se asume como riesgo que el poder político se involucre, por ejemplo, en la política criminal contra la corrupción, lo cual es complejo”, acotó.
Por su parte, el consejero UDI, Carlos Recondo, expresó su conformidad por “seguir contribuyendo a construir la constitución de la seguridad” y comentó que “no podemos enfrentar al crimen del siglo XXI con instituciones del siglo XX. Hoy tenemos delitos más complejos, con métodos nuevos y es importante que la institucionalidad dé un paso adelante en su persecución”.