El la jornada del martes 3 de octubre en la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Ejecutivo un nuevo proyecto de la agenda de seguridad, se trata de la propuesta que sanciona el porte injustificado de combustible en el contexto de reuniones en los lugares públicos.
Con 83 votos a favor, 45 en contra y 8 abstenciones el despacho se concretó, tras respaldar las modificaciones del Senado que suprimen dos normas de la iniciativa.
La primera introducía una falta en el código penal para castigar a quien injustificadamente en el contexto de reuniones de uso público portara combustible apto para cometer atentados contra las personas u ocasionar daños en las cosas.
La multa planteada a esta situación era de 10 a 20 unidades tributarias mensuales y se aplicaría siempre y cuando la persona no pudiera dar una explicación razonable para su porte. La segunda norma suprimida permitía a las policías detener a las personas que incurrieron en la falta mencionada.
El Senado sólo mantuvo la disposición penal que se introdujo en la Cámara vía indicación, este precepto sanciona con presidio menor con su grado mínimo, esto es entre 61 y 540 días de cárcel, a quien en contexto de reuniones de uso público porte injustificadamente combustible apto para cometer atentados contra las personas o ocasionar daños en las cosas.
La ministra del interior, Carolina Tohá, planteó que la disposición excede el espíritu de esta ley y que debería primar solo la nueva falta y la facultad entregada a las policías de detener a los infractores.