Desde el Salón Montt-Varas en el Palacio de La Moneda, este martes el Gobierno presentó un proyecto de ley para robustecer y entregar más herramientas en materia de persecución penal al Ministerio Público.
La ceremonia para firmar el proyecto contó con la presencia de la vicepresidenta Carolina Tohá, quien ejerce ese cargo debido a la ausencia del presidente Gabriel Boric; además, estuvo el ministro de Justicia, Luis Cordero; el titular de Hacienda, Mario Marcel; y el fiscal nacional, Ángel Valencia.
La autoridad de Gobierno sostuvo que “es necesario actuar en muchas dimensiones, pero una de ellas, muy significativa, tiene que ver con que las instituciones y organismos que están a cargo de esta tarea cuenten con las herramientas para poder cumplir con su labor, y, al mismo tiempo, que estén diseñadas de una manera adecuada para los desafíos”.
“Al final del mandato del gobierno del presidente Gabriel Boric, el país va a tener una capacidad en sus instituciones y Estado muy superior, más moderna y más articulada para enfrentar los desafíos de la inseguridad”, agregó.
Por su parte, el ministro Cordero señaló que el proyecto no es el primer ejercicio de fortalecimiento del Ministerio Público, debido a que ya han existido dos con anterioridad. Sin embargo, este en particular “se da en contextos donde es necesario reforzar las herramientas y mecanismos“.
“Es necesario reforzar las herramientas y mecanismos del Ministerio Público no solo pensando en una persecución penal más eficaz, sino que también en un contexto en el cual el fenómeno criminal ha cambiado sustancialmente, tal cual vienen demostrando las cifras.
El titular Justicia enfatizó que “la propuesta legislativa es consecuencia de una mesa del trabajo del Ministerio Público, la Dipres y el Ministerio de Justicia; y su objetivo central es que el fortalecimiento institucional sea coherente con las estrategias de persecución criminal, sobre todo con la eficacia de los resultados”.
Iniciativa permitirá contratar más de mil nuevos fiscales
Desde el Ejecutivo detallaron que el propósito de esta iniciativa es que la Fiscalía pueda contar con equipos fortalecidos que lleven a cabo una investigación y persecución penal más eficaz.
Además, el proyecto impulsado por el Gobierno permitirá contratar a más de 1.000 nuevos fiscales en las distintas fiscalías regionales y locales.
También permitirá que se concreten modificaciones a la estructura orgánica del ente persecutor, para modernizar los criterios de otorgamiento de incentivos al cumplimiento de metas, con especial foco en la distribución regional y número de causas
A su vez, la iniciativa busca que se preste la debida atención a víctimas y testigos de delitos, con el fin de avanzar en una mayor cobertura, atención y ajuste de los procesos para quienes se ven involucrados contra su voluntad en este tipo de situaciones.