En el marco de la conmemoración de los diez años del “Proyecto Inocentes” de la Defensoría Penal Pública, el defensor regional de Tarapacá, Gabriel Carrión, dio a conocer que entre 2013 y 2023, un total de 858 personas inocentes -78% de hombres y 22% de mujeres- estuvieron en prisión preventiva durante la investigación de sus causas en la región.
Carrión explicó que desde la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en la zona, en el año 2004 a la fecha, el número de personas inocentes que han sido sometidas a la prisión preventiva debe llamarnos a la reflexión respecto del uso indiscriminado de dicha medida cautelar como una herramienta “de cuidado” en la administración de justicia.
La cifra de inocentes que estuvieron en prisión preventiva entre 2022 y lo que va de 2023, alcanza a los 116 individuos.
Al respecto, el defensor regional destacó que “en el Proyecto Inocentes confluyen dos derechos fundamentales cuales son el acceso a la justicia y el debido proceso, derechos que son irrenunciables y forman parte de la batería de derechos humanos sobre los cuales -y bajo cuya iluminación- se conduce el trabajo de la Defensoría Penal Pública”.
“A la luz del derecho a la verdad, cada uno de los usuarios y beneficiarios del proyecto reciben la asistencia necesaria para hacer efectivo el referido derecho. Buscamos, frente a la ausencia de normas constitucionales o legales pertinentes, resarcimiento -de alguna forma- de los perjuicios y agresiones a la dignidad de la persona cuando aquella ha sido víctima de procesos o razonamientos judiciales los que, quebrantando su presunción de inocencia, destruyen ese escudo protector sobre la base de antecedentes falsos o insuficientes”, agregó la autoridad de la Defensoría de Tarapacá.
En la misma línea, Carrión recalcó que “el error judicial sólo puede disminuirse con mayor celeridad en el conocimiento y fallo de los recursos judiciales, valorando al mismo tiempo la relevancia de una Defensa Penal Pública fortalecida con una autonomía necesaria.
“Actualmente, aquella demora que se pretendió resolver con la reforma procesal penal, está emergiendo con fuerza y lamentablemente, afectando los intereses y derechos de las personas”, acotó.
Según el defensor, “el error judicial como concepto jurídico y sustento para exigir una reparación de parte del Estado para la persona vulnerada deberá ser modificado y ajustado a una realidad nacional a la luz del sistema de persecución adversarial que es el que impera a la fecha”.
“Las normas relativas a este error judicial en la Constitución son anacrónicas y correlativas a un sistema de administración de justicia penal inquisitivo”, concluyó el Defensor Regional”, complementó.