Cerca de 1.115 viviendas se estiman que existen en la toma La Mula de Alto Hospicio, ubicado al sur de la comuna. En el asentamiento de 668 metros cuadrados y cerca de 100 hectáreas pertenecientes al Ministerio de Bienes Nacionales, viven más de 5.000 habitantes, según un informe de Atisba Monitor.
El estudio detectó que la comuna de Alto Hospicio registra la mayor cantidad de asentamiento en el territorio y es la zona donde los campamentos y tomas de mayor tamaño “son ocupados casi enteramente por familias migrantes”.
Frente al incremento de viviendas irregulares, la toma se ha transformado en “una ciudadela” que cuenta con canchas de fútbol, negocios, una ferretería, hasta incluso un paradero para Uber.
Las autoridades de la región de Tarapacá han denunciado que junto al crecimiento de La Mula, se ha evidenciado la venta ilegal de terrenos fiscales y la presencia de bandas de crimen organizado. Además, algunos sectores de la toma serían utilizados para el acopio de vehículos robados en la región.
Una ciudadela en Alto Hospicio
El alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, ha manifestado en más de una ocasión su preocupación por la presencia de bandas de crimen organizado en la comuna y los homicidios ocurridos entre 2022 y el presente año.
Al ser consultado por el crecimiento de La Mula, el edil afirmó que quienes viven en la toma “han hecho una ciudadela, la gente vive en esas condiciones”.
Según el jefe comunal, en la toma “hay canchas de fútbol, negocios, hasta un paradero de Uber, entonces son cosas complejas, pero como están en condiciones de toma que son totalmente irregulares, es muy difícil también para nosotros poder socializar, particularmente por el tema de la seguridad pública”.
Además, Ferreira manifestó su intranquilidad, aseverando que en La Mula “estaría una célula del Tren de Aragua instalado en el sector”, siendo a su juicio, “lo más complejo que nos ha tocado vivir desde el punto de vista de la seguridad pública”.
Respecto a la fiscalización en el asentamiento, el alcalde afirmó que “hemos ingresado con nuestros inspectores permanentemente, cuando hemos tenido denuncias”. No obstante, admitió que la toma “ha servido para que los vehículos robados sean guardados alli, es como si tuvieran como centros de acopio en ese sector”.
Por su parte, el seremi de Bienes Nacionales de Tarapacá, Osvaldo Ardiles, indicó que “efectivamente es como si fuera una nueva ciudad. También tengo conocimiento del paradero de Uber que me señala, mucha ferretería que ofrecen materiales de construcción para poder realizar mejoras o cierres que muchas veces hacen”.
La autoridad regional detalló que han detectado cierres perimetrales especulativos, bandas de crimen organizado que lucran con los terrenos sobre todo a extranjeros. También comentó que han captado el uso de segundas viviendas y la venta de casas ilegales por medio del Marketplace de Facebook.
“Hemos detectado muchos cierres perimetrales con motivos, por decirlo de una manera, especulativa. Tenemos detectado que hay bandas, gentes, crimen organizado, incluso que lucra con estos terrenos, sobre todo a extranjeros”, expuso el seremi.
Desarticular a las bandas criminales y desalojar a las poblaciones
En octubre pasado, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) dio a conocer su informe “Déficit habitacional en Chile: Evolución y análisis de la crisis de vivienda”. En el documento se detalló que hay un déficit de 23.732 viviendas en la región de Tarapacá. En términos geográficos, el 2,2 por ciento de las viviendas faltantes en el país corresponden a esta región.
Frente a este contexto, sumado a la ocupación irregular de las tomas y campamentos; el diputado por Tarapacá, Matías Ramírez, manifestó que esta situación “se debe analizar desde múltiples aristas considerando la realidad de la región de Tarapacá. Primero, en razón del fracaso que ha tenido el rol del Estado en las últimas décadas en la entrega de vivienda social, yo creo que da para analizar efectivamente cómo entregar mayores herramientas al Estado para lograr este objetivo de la casa propia para la gente más necesitada”.
“En Tarapacá tenemos casos que se han demorado 10 y hasta 15 años desde la postulación hasta la entrega definitiva de una vivienda social y eso lleva lamentablemente a buscar otras soluciones y las tomas aparecen como una realidad indiscutible en nuestra región”, acotó el congresista.
En esta línea, Ramírez señaló que “otra arista que hay que analizar es cómo aparecen también mafias vinculadas a tomas y eso es una cuestión que yo creo que hay que atacar con bastante fuerza desde la perspectiva de desarticular a estas bandas criminales que vienen a un negocio con la necesidad habitacional de nuestra región, pero además con un rol importante del Estado en el trabajo de las tomas y eso hay que vincularlo incluso al escándalo que se dio a conocer con el caso Fundaciones”, agregó.
El parlamentario del Partido Comunista (PC) aseveró que “se ha tercerizado el trabajo con los asentamientos precarios, ya no es un trabajo que realice directamente el Estado sino que se ha tercerizado a través de fundaciones que evidentemente muchas veces no cumplen ese objetivo y solamente ven una oportunidad para generar en este caso ganancias y creo que eso también nos debe llegar a reflexionar a que el Estado recupere esta vinculación directa con los asentamientos precarios, con las tomas y eso permita desarticular estas bandas criminales y efectivamente trabajar con quienes tienen una necesidad efectiva de vivienda”.
En tanto, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renzo Trisotti, expresó que “este es un polvorín y debe ser desactivado. Esto ha ido mutando, se está agrandando, se complejiza, y lamentablemente no se ha hecho absolutamente nada”.
“Hace años, previo a la toma, solicité un trabajo conjunto de los ministerios de Bienes Nacionales, Vivienda y Urbanismo para que estos terrenos se transfirieran al Serviu y allí poder hacer conjuntos habitacionales, que es una de las principales problemáticas que tenemos en Tarapacá, pero lamentablemente no se me escuchó”, explicó.
Trisotti enfatizó que “esto es tierra de nadie” y aseguró que “el Estado ha dejado de estar presente y esto día a día empeora. Por lo tanto, yo hago un llamado público a que ya es hora de desactivar este verdadero polvorín antes que explote”.
El legislador de Tarapacá indicó que “la labor policial y de investigaciones debe seguir actuando y se debe concretar el anuncio del Ministerio de Bienes Nacionales de poder desalojar a estas poblaciones y así como se ha hecho con las casas VIP en varias otras regiones de nuestro país, debe de materializarse también en este sector donde obviamente hay necesidad, pero también aprovechamiento y derechamente delincuencia”.