El delegado presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros, calificó como “positivas” las cifras que entregó el último reporte del Plan Calles sin Violencia donde se informa que los homicidios disminuyeron un 54%, pasando de 31 a 14 asesinatos desde el 1 de abril, fecha en que comenzó a aplicarse el plan en la región.
Según el reporte del Gobierno, el mismo delito disminuyó en un 23%, entre el 1 de enero al 22 de octubre de 2023 (de 43 a 33) respecto al mismo periodo de 2022.
Estas cifras para el delegado presidencial se explican por varios factores como el uso de los “drones que son parte importante de esta estrategia, pero no es lo único, ya que estos resultados se explican en mayor medida por el aumento de patrullajes focalizados por parte de Carabineros y todo el trabajo investigativo de la PDI y el Ministerio Público”.
El delegado presidencial destacó que si bien en ambos períodos hay una disminución de los homicidios, “este descenso es mayor cuando analizamos los homicidios en el periodo desde el 10 de abril, lo que implicaría un efecto positivo del Plan Calles sin Violencia”.
Respecto a la caracterización de los homicidios, la información preliminar que entregan las policías diariamente, muestran que un 47% de las víctimas en la región de Tarapacá están asociadas a homicidios en contexto de mayor complejidad delictiva, es decir, aquellos delitos vinculados con grupos organizados, y un 28% a homicidios en contexto de conflictos o riñas entre conocidos, excluyendo la violencia intrafamiliar.
Con relación a los detenidos, el reporte informa que al 29 de octubre había 21 detenidos por homicidios en Tarapacá que concentra el 7 por ciento de los detenidos por el mismo delito en el país.
Junto a ello se realizaron 15.690 controles y fiscalizaciones: un 4% del total nacional. Estos dieron como resultado, la detención de 612 personas (10% del total nacional) y se incautaron 47 armas, correspondiente al 8% del total nacional.
Plan Calles Sin Violencia
El Plan “Calles sin Violencia” consiste en intervenciones de carácter regional y comunal en aquellas comunas con mayor concentración de delitos graves, especialmente homicidios con uso de armas de fuego. Se trata de una estrategia de intervención específica para cada territorio en base a un trabajo coordinado.