El Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, fue publicado en el Diario Oficial, tras la toma de razón de la Contraloría General de la República. Esto ocurre luego de la firma del presidente Gabriel Boric que oficializó el Plan Nacional en agosto pasado.
El objetivo del Plan Nacional de Búsqueda es contribuir a esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales.
Según detalló el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, este inédito plan “se llevará a cabo por medio de la organización y sistematización de los esfuerzos de Estado, estableciendo metas, plazos, responsables y rendición de cuentas”.
“A partir de ahora comenzarán a ejecutarse las acciones principales del plan, no solo aquellas que están destinadas al diseño y ejecución del sistema de información utilizando inteligencia artificial, sino también para realizar aquellas que están destinadas a la estructuración de modelo de gobernanza donde los familiares tendrán un gran rol activo en el seguimiento de esta política”, afirmó el ministro de Justicia, Luis Cordero.
En ese sentido, el plan se elaboró en base a tres objetivos concretos: Esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas y su paradero; garantizar el acceso a la información y participación de familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda de víctimas e implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada.
Así, el plan no solo trazará la ruta de la desaparición de las víctimas sino que colaborará con las investigaciones judiciales y ayudará a configurar la memoria y la garantía de no repetición, sin perjuicio del establecimiento de responsabilidades penales.
Además, el plan busca crear una nómina única de víctimas de desaparición forzada de acceso público, con sus trayectorias de desaparición reconstruidas en base a información oficial.
Con esta medida se podrá identificar, acceder y organizar archivos generados por personas naturales e instituciones públicas y privadas, que contengan documentación que permita reconstruir las trayectorias de personas víctimas de desaparición forzada.