El Juzgado de Garantía de Iquique acogió a trámite una querella interpuesta por el diputado Matías Ramírez en contra de todos quienes resulten responsables por los presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y/o negociación incompatible en el traspaso millonario de fondos públicos desde la Seremi de Vivienda a las fundaciones EnRed y Enlace Urbano.
En la querella el parlamentario sostiene que en la región de Tarapacá existen dos instituciones donde se presentaron “situaciones anómalas en los convenios de transferencias”. Se trata de la ONG’s EnRed y Enlace Urbano que, entre octubre de 2021 y diciembre de 2022, recibieron $2.836.003.986 en el contexto de los programas “Habitabilidad, Asentamientos Precarios y Programa Piloto”.
Enlace Urbano
En el caso de Enlace Urbano, los miembros del directorio son Diego Díaz Sepúlveda, Tiffany Whittaker Hyland y Francisco Goñi Pení. La querella detalla que “en 2021, a tan solo meses de su fundación y sin tener experiencia previa alguna ni bienes ni trabajadores al momento previo de la adjudicación, la ONG Enlace Urbano se adjudicó sus primeros convenios en la Seremi de Vivienda, a cargo en ese entonces de Carlos Prieto Rojas, designado por el expresidente Sebastián Piñera”.
“De los antecedentes públicos revisados, se puede observar que la primera transferencia tiene lugar durante el 29 de octubre se adjudicó $103.900.000; mientras que el 30 de noviembre, el monto adjudicado ascendió a $33.940.000; y, por último, durante el 23 de diciembre, se adjudica un monto de $305.460.000”, agrega el documento.
Dentro de los antecedentes y rendiciones revisadas, una de las irregularidades que se detalla en la querella es que los primeros montos utilizados por la ONG corresponden “al pago de honorarios de los propios directores de la fundación”. Además, en cada una de las rendiciones se puede observar que tanto Díaz, Whittaker y Goñi, todos directores de la ONG, emiten boletas de honorarios.
“Es más, a la fecha, muchos de los citados proyectos no han sido ejecutados pese a que el tiempo original de los convenios se encuentra notoriamente vencido”, añade el texto.
Además, el parlamentario expone en la acusación que “dentro de lo funcionarios involucrados, más allá de las responsabilidades del ex seremi, se encuentra la encargada de asentamientos precarios Natalia Velásquez Rodríguez (quien hasta la fecha ejerce dicho cargo) y Alonso Velásquez Rodríguez, ambos hermanos y, al menos el último, militante de Renovación Nacional y quien se desempeñaba como jefe de gabinete (del exseremi Carlos Prieto) a la fecha de las transferencias”.
EnRed Social
Según se desprende de la querella, la fundación inició actividades el 1 de septiembre de 2020 en el Servicio de Impuestos Internos (SII) con el giro de “fundaciones y corporaciones”, en ese entonces, solo durante el año 2020, la fundación obtuvo ingresos superiores a los $20.000.000.
La directiva de la Fundación está integrada por Carolina Pérez, directora ejecutiva de la fundación; Ignacio Fierro, secretario de la ONG y primo de Carolina, y Orlando Pérez Cisternas, padre de Carolina. También integra ese grupo el director técnico de la organización Aldo Bastidas Leal, quien fue el analista técnico de la Subsecretaría de Vivienda durante el periodo del expresidente Sebastián Piñera, desde abril de 2019 hasta febrero de 2022.
“Tal como se visualiza, en un primer momento, la Fundación está compuesta, principalmente, por el núcleo familiar de la directora ejecutiva“, detalla el texto.
“Posteriormente, a los años siguientes los ingresos de EnRed tuvieron un aumento explosivo, así durante el año 2021 registraron ingresos por $447.771.478. Al año 2022, antes del término del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, fundación EnRed suscribe un convenio con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con fecha 2 de marzo de 2022. Dicho convenio es para el desarrollo del programa de recuperación de barrios”, se añade en la querella.
Citación a declarar en calidad de testigos
El diputado pidió al Ministerio Público que despache una orden de investigar a la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) a fin de que se desarrolle un proceso investigativo y que se realice “un examen contable de las cuentas e incremento patrimonial de los involucrados”.
Asimismo, que se de cuenta de las operaciones realizadas desde las cuentas o productos bancarios de los directivos de Enlace Urbano y EnRed Social, reflejando “los depósitos recibidos y los giros y transferencias realizadas, con indicación precisa de fechas y destinatarios entre el año 2021 y 2023”.
Adicionalmente, el parlamentario pidió que se cite a declarar en calidad de testigos a Diego Diaz, representante legal de Enlace Urbano; Tiffany Whittaker, secretaria de la ONG, y Francisco Goñi, tesorero de la fundación.
También a Carolina Andrea Pérez, directora y representante legal de EnRed Social; Ignacio Acevedo, secretario de fundación; Orlando Pérez, tesorero y Aldo Bastidas, director técnico de la ONG. De igual forma, se solicitó al tribunal que cite a declarar al exseremi de Vivienda en Tarapacá, Carlos Prieto, y a su jefe de gabinete, Alonso Velásquez.
Otra diligencias solicitada por Ramírez es la individualización y acceso a las cuentas de correos electrónicos de ambas fundaciones y sus directivos correspondientes a 2021, 2022 y 2023. Lo anterior a fin de remitir al Laboratorio de Criminalística dicha información “para establecer la existencia de solicitudes de dineros o pagos realizados entre la empresa vinculada y los imputados y/o terceros”.
Frente a la determinación del tribunal, el congresista indicó que “hemos presentado una querella por fraude al fisco y tráfico de influencia en relación a los traspasos efectuados por parte del Minvu en la región de Tarapacá, particularmente en el caso de las fundaciones Enlace Urbano y EnRed, en atención a los antecedentes que dan cuenta que desde al menos el año 2021, mientras todavía estaba bajo la administración del expresidente Sebastián Piñera y del seremi regional de la época Carlos Prieto”.
Según el diputado, en dicha fecha “se comenzaron a firmar los primeros convenios de traspaso, lo cual es sumamente relevante en atención a que en esos primeros convenios fue donde se revisó la idoneidad técnica y material de dichas fundaciones”.
“En ese sentido, creemos que es trascendental ampliar la indagatoria realizada por el Ministerio Público para estos casos en particular y dar cuenta de que estamos hablando de traspasos a fundaciones que no tenían ni patrimonio ni funcionarios y que evidentemente no cumplían los requisitos para obtener dichos traspasos”, enfatizó.
Ramírez afirmó que “se debe investigar cuáles fueron las directrices desde el Ministerio que permitieron en definitiva adjudicar estos convenios y que sin duda estuvo bajo la administración del entonces ministro de Vivienda, Felipe Huerta”.